Gobernador de Nariño le pone freno a De La Espriella por diálogos con grupos armados
Imagen: El Tiempo - Política
El choque entre el Gobernador de Nariño y el presidente De La Espriella vuelve a poner bajo presión la política de seguridad en los territorios. La advertencia de sanciones por diálogos reservados con grupos armados abre una disputa sobre competencias y sobre quién puede negociar en Colombia.
La Cumbre de Gobernadores dejó al descubierto una nueva tensión entre la Casa de Nariño y las autoridades regionales. El gobernador de Nariño respondió a las advertencias del presidente De La Espriella, quien anunció posibles sanciones para quienes adelanten negociaciones reservadas con grupos armados, y dejó claro que ese tipo de conversaciones no están en manos de las regiones sino del Gobierno Nacional. El mensaje, más que una discusión jurídica, revela el pulso político por el control de la seguridad en los territorios más golpeados por la violencia.
Según informó El Tiempo - Política, la discusión se activó luego de que De La Espriella lanzara un mensaje duro contra los mandatarios locales que, en su criterio, se aparten de la línea oficial y busquen acercamientos discretos con actores armados. La respuesta del gobernador de Nariño fue directa: los diálogos con grupos ilegales, insistió, son competencia exclusiva del Gobierno Nacional. En otras palabras, el mandatario departamental marcó distancia de cualquier intento de atribuirles a los gobernadores una facultad que la Constitución y la práctica política han concentrado en el Ejecutivo. El episodio ocurre en un departamento donde la presencia de estructuras armadas, economías ilegales y disputas por corredores estratégicos convierten cada declaración pública en una señal hacia el terreno.
Más allá del cruce verbal, lo que está en juego es el modelo de manejo del conflicto en Colombia. Nariño ha sido durante años una de las regiones más sensibles del país por la combinación de narcotráfico, control territorial y débil presencia estatal, lo que obliga a sus autoridades a convivir con una realidad que muchas veces desborda su capacidad institucional. Por eso, cualquier advertencia sobre negociaciones reservadas toca una fibra delicada: si el Gobierno Nacional centraliza por completo la interlocución, los gobernadores quedan como administradores de crisis sin margen real de maniobra; pero si se abre la puerta a gestiones paralelas, el país corre el riesgo de multiplicar canales de contacto sin control político ni legal. Esa tensión explica por qué el debate importa no solo en Nariño, sino en todas las regiones donde la seguridad depende de decisiones tomadas en Bogotá.
El choque también deja una pregunta de fondo: ¿cómo se articula la política de paz o de sometimiento con las autoridades territoriales sin desdibujar competencias? En un país donde los gobernadores reciben la presión ciudadana cada vez que aumentan los homicidios, los secuestros o el confinamiento de comunidades, la discusión no es menor. Lo que ocurra después de esta polémica puede definir si el Gobierno Nacional opta por endurecer la línea y disciplinar a las regiones, o si intenta construir un mecanismo más claro de coordinación con los departamentos que viven de frente la guerra. En ambos casos, el costo o el alivio terminará sintiéndose lejos de los salones de la cumbre: en los municipios donde la gente sigue esperando que la autoridad del Estado se traduzca en seguridad real.
