Gobierno alista nuevo Código de Tránsito: multas, licencias y control vial en la mira
Imagen: El Tiempo - Política
El Ministerio de Transporte confirmó que trabaja en un nuevo Código Nacional de Tránsito que tocaría multas, licencias, revisión técnico-mecánica y los sistemas RUNT y SIMIT. La reforma abre un debate clave sobre control, recaudo y seguridad vial en un país donde la siniestralidad sigue golpeando con fuerza.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella puso en marcha la preparación de un nuevo Código Nacional de Tránsito, una reforma que podría modificar de fondo la manera en que se sanciona, registra y controla la movilidad en Colombia. El Ministerio de Transporte confirmó que ya trabaja en un borrador que incluye cambios en multas, licencias de conducción, revisión técnico-mecánica y en plataformas clave como el RUNT y el SIMIT, un paquete que promete mover no solo a los conductores sino también a los organismos de control y a los alcaldes que dependen de ese engranaje para hacer cumplir la norma.
Según informó El Tiempo - Política, la cartera del sector viene estructurando una propuesta que busca modernizar reglas que hoy están dispersas, desactualizadas o, en algunos casos, desbordadas por la realidad de las calles y carreteras del país. Aunque todavía no se conocen todos los detalles del articulado, la sola mención de cambios en el sistema de multas y en los requisitos para licencias ya anticipa una reforma de alto impacto. También entran en juego los centros de diagnóstico automotor, los procesos de registro y validación vehicular, y la manera en que se cruzan las bases de datos entre tránsito, transporte y autoridades locales, un punto crítico en un país donde la informalidad y la falta de control siguen siendo un problema estructural.
La discusión no es menor. Colombia arrastra desde hace años una crisis de seguridad vial que se refleja en miles de muertos y heridos en siniestros de tránsito, además de una sensación extendida de impunidad frente a las infracciones. Por eso, cualquier reforma al código no solo tiene implicaciones administrativas o tecnológicas: también define quién paga, quién controla y qué tan efectivo es el Estado para frenar conductas de riesgo. Si el Ejecutivo decide endurecer sanciones o ajustar los requisitos de obtención y renovación de licencias, el debate tocará de inmediato el bolsillo de los conductores, los costos para empresas de transporte y la capacidad real de los municipios para aplicar la norma sin caer en una simple estrategia de recaudo.
En el fondo, lo que está sobre la mesa es una disputa entre modernización y presión ciudadana. Un nuevo Código Nacional de Tránsito puede servir para ordenar un sistema fragmentado y mejorar la seguridad vial, pero también puede terminar siendo percibido como otra reforma pensada desde el escritorio, sin resolver los vacíos de control que hoy permiten que muchas infracciones queden impunes. El Gobierno tendrá que demostrar que no se trata de subir el costo de transitar por las vías, sino de construir una norma más clara, más justa y, sobre todo, más útil para reducir la violencia vial que sigue cobrando vidas todos los días.
