Gobierno electo pide frenar traslado de 4 billones a la UNGRD y alerta por control
Imagen: El Tiempo - Política
El gobierno electo en Colombia cuestionó el traslado de 4 billones de pesos a la UNGRD y pidió a los entes de control intervenir. La nueva administración advirtió que no puede repetirse el saqueo que golpeó a la entidad durante el gobierno Petro.
La administración electa en Colombia elevó el tono frente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) al calificar de “apresurado” el traslado de 4 billones de pesos a esa entidad y pedir la actuación inmediata de los organismos de control. El pronunciamiento no solo abre un nuevo frente de choque político antes del cambio de gobierno, sino que revive las dudas sobre el manejo de los recursos públicos en una entidad que ya quedó marcada por uno de los escándalos más graves de la administración Petro.
Según informó El Tiempo - Política, el comunicado de la siguiente administración recuerda que la UNGRD fue saqueada durante el actual gobierno y que, por tanto, cualquier decisión sobre inyecciones de recursos de esa magnitud debe pasar por un escrutinio riguroso. El punto de fondo no es menor: 4 billones de pesos equivalen a una bolsa fiscal enorme, suficiente para financiar programas de atención a emergencias, reconstrucción de infraestructura y prevención de desastres en un país que convive con inundaciones, deslizamientos y crisis climáticas cada vez más frecuentes. Por eso, más allá del choque político, lo que está en juego es la confianza en la capacidad del Estado para administrar recursos sensibles sin caer en capturas burocráticas o redes de corrupción.
El antecedente inmediato pesa demasiado. La UNGRD quedó en el centro de una investigación que expuso presuntas irregularidades, desvío de recursos y maniobras para favorecer intereses políticos durante la administración Petro. Ese historial explica por qué el gobierno electo no solo cuestiona el traslado, sino que le pide a los entes de control que revisen con urgencia la legalidad, la conveniencia y la trazabilidad de esa operación. En términos políticos, el mensaje también busca marcar distancia desde ahora: la nueva administración quiere presentarse como un gobierno de control fiscal, vigilancia institucional y cero tolerancia frente al uso opaco del dinero público. Pero el desafío será demostrar que esa postura no se queda en el comunicado y se traduce en reformas, auditorías y decisiones concretas.
Este episodio importa porque la UNGRD no es una entidad cualquiera: su función está directamente ligada a la respuesta del Estado ante tragedias que afectan sobre todo a las poblaciones más vulnerables. Cuando una institución así pierde credibilidad, el costo no es solo político; también se mide en vidas, en tiempos de reacción y en la capacidad de llegar a territorio cuando la emergencia golpea. El debate sobre estos 4 billones de pesos, por tanto, no es únicamente una disputa entre gobiernos entrante y saliente: es una prueba temprana de si Colombia seguirá atrapada en el ciclo de escándalos o si realmente habrá un giro hacia una gestión pública más transparente y verificable.
