Petro frena ofensiva en Putumayo y crece el choque por el impacto urbano del narcotráfico

El Gobierno de Gustavo Petro volvió a mover una pieza sensible de su estrategia de seguridad al firmar un decreto que suspende las operaciones contra la guerrilla del Ejército Bolivariano en Putumayo. La decisión, según informó El Tiempo - Política, no solo tiene implicaciones en una zona históricamente golpeada por el conflicto armado y las rentas ilegales, sino que además reavivó una discusión de fondo: hasta qué punto una medida pensada para abrir espacio a procesos políticos o reducir la confrontación termina enviando señales de debilidad frente a estructuras armadas que siguen controlando economías criminales.

La reacción más visible llegó desde Asocapitales, que rechazó la medida y puso el acento en un punto que suele quedar relegado en el debate sobre seguridad rural: el vínculo directo entre el control territorial en regiones como Putumayo y la presión que sufren las ciudades por el narcotráfico, el lavado de activos y otras actividades ilícitas. En términos prácticos, cuando se afloja la presión sobre corredores donde operan grupos armados, el efecto no se queda en la selva o en las veredas. Se traslada a las cabeceras municipales, a los puertos, a los centros logísticos y a los barrios urbanos donde se mueven las ganancias del negocio ilegal. Por eso la voz de los alcaldes capitales no es menor: están advirtiendo que lo que ocurre en el sur del país termina impactando la seguridad cotidiana, la economía formal y la capacidad del Estado para contener redes criminales en los grandes centros urbanos.

Este episodio encaja en un dilema más amplio del Gobierno Petro, que ha insistido en combinar diálogo, sometimiento y ceses de operaciones con la expectativa de desescalar el conflicto. Pero el problema, y aquí está el fondo del debate, es que no todos los grupos armados responden igual ni tienen la misma voluntad de negociación. Cuando el Estado suspende acciones militares sin que exista un avance verificable y sostenido en la desmovilización o el desmonte de estructuras ilegales, corre el riesgo de perder capacidad de disuasión en territorios donde la autoridad ya es precaria. En Colombia, esa discusión tiene consecuencias directas: menos presión en Putumayo puede significar más coca, más rutas, más dinero ilegal y más violencia distribuida hacia ciudades que no producen la droga, pero sí reciben sus efectos más visibles.

Lo que se discute, en el fondo, no es solo una orden operativa en un departamento periférico. Es la credibilidad de la política de seguridad del Gobierno y su capacidad para demostrar que la paz no se construye a costa de dejar crecer a los grupos que viven del crimen. Si el Ejecutivo no logra explicar con claridad qué gana el país con esta suspensión, y cómo evitará que el vacío lo llenen las economías ilegales, la controversia seguirá creciendo. Y con ella, la sensación de que las decisiones tomadas en regiones lejanas terminan pagándose, tarde o temprano, en las calles de las ciudades.