Gobierno apoya formalizar pequeños mineros y Uribe plantea compra estatal de oro
Imagen: El Tiempo - Política
El Gobierno respaldó un proyecto de ley que busca formalizar a pequeños mineros como parte de la ofensiva contra la minería ilegal. En el debate apareció una propuesta del expresidente Álvaro Uribe para que el Banco de la República compre oro, una idea que abre una discusión de fondo sobre control, mercado y legalidad.
El Gobierno respaldó en el Congreso un proyecto de ley que apuesta por formalizar a los pequeños mineros como una herramienta para golpear la minería ilegal, una actividad que hoy alimenta economías criminales, degrada ecosistemas y desborda la capacidad de control estatal en varias regiones del país. La apuesta oficial parte de una premisa práctica: mientras miles de mineros sigan moviéndose en la informalidad, el Estado seguirá persiguiendo síntomas sin resolver la raíz del problema.
Según informó El Tiempo - Política, la iniciativa fue presentada como un complemento del Estatuto Antiterrorista, en la medida en que busca cortar las fuentes de financiación de estructuras armadas y redes delictivas que encuentran en la extracción ilegal de oro una renta constante. En medio de ese debate, el expresidente Álvaro Uribe lanzó una propuesta que reabrió la discusión sobre el mercado del metal: sugirió que el Banco de la República contemple la compra de oro como mecanismo para ayudar a ordenar el sector y reducir los incentivos de la ilegalidad.
La idea no es menor. En Colombia, la minería ilegal no solo está asociada a la depredación ambiental y al uso de mercurio; también se ha convertido en un negocio de alto valor que permea territorios con poca presencia institucional, donde grupos armados y mafias imponen condiciones, compran producción clandestina y lavan ingresos con relativa facilidad. Formalizar a pequeños mineros podría servir para separar al trabajador artesanal del entramado criminal, pero el reto es enorme: sin trazabilidad, asistencia técnica y controles reales, la formalización puede quedarse en un trámite más, sin efectos en el terreno.
La propuesta de Uribe, aunque polémica, pone el dedo en una tensión de fondo que el país no ha resuelto: cómo crear un circuito legal atractivo para el oro sin convertir al Estado en una simple ventanilla de compra de un negocio históricamente atravesado por el contrabando y la captura armada. Si el Congreso decide avanzar, la discusión no será solo minera, sino fiscal, ambiental y de seguridad. Y para las comunidades que dependen de esa actividad, el resultado puede definir si siguen atrapadas entre la informalidad y la violencia o si por fin encuentran una ruta legal para trabajar sin ser perseguidas ni cooptadas.
