Gobierno retira decreto de carbono y prepara nueva norma para no ahuyentar inversión
Imagen: infobae colombia
El Gobierno colombiano retirará el Decreto 973 de 2026, la norma sobre mercados de carbono, por problemas jurídicos. MinAmbiente prepara una nueva regulación para darle más seguridad a los inversionistas sin abandonar el componente de conservación.
El Gobierno colombiano decidió echar atrás el Decreto 973 de 2026, la norma que pretendía ordenar los mercados de carbono, y alista una nueva propuesta para reemplazarla. La reversa no es menor: según informó infobae colombia, el retiro obedece a razones jurídicas y busca corregir un marco que no logró blindarse lo suficiente para sostener la confianza del mercado ni resistir eventuales demandas o cuestionamientos técnicos.
La decisión fue anunciada por el Ministerio de Ambiente, que ahora trabaja en una regulación distinta con dos objetivos centrales: ofrecer seguridad jurídica a los inversionistas y mantener el énfasis en la conservación ambiental. En la práctica, el Gobierno reconoce que el país necesita reglas más claras para que los proyectos de captura de carbono, compensación y restauración ecológica tengan viabilidad real, sin quedar atrapados en la incertidumbre que suele frenar la llegada de capital privado a este tipo de iniciativas.
El giro es importante porque los mercados de carbono se han convertido en una herramienta clave dentro de la transición energética y climática. Para Colombia, además, representan una oportunidad de monetizar la conservación de bosques, páramos y otras áreas estratégicas, especialmente en regiones donde la economía formal llega con dificultad. Pero ese potencial depende de algo básico: reglas estables, trazables y defendibles jurídicamente. Sin esa certeza, el país corre el riesgo de espantar inversión, abrir disputas sobre la validez de los créditos y terminar debilitando una política que debería servir tanto al medioambiente como al desarrollo local.
En otras palabras, el problema no es solo técnico sino político y económico. El Gobierno intenta corregir una regulación que nació con intención de ordenar un sector sensible, pero que no terminó de resolver sus puntos débiles. Lo que venga ahora será una prueba para MinAmbiente: si logra construir un marco más robusto, podría destrabar inversión en proyectos verdes y darle oxígeno a una agenda climática que necesita resultados concretos. Si falla, el país seguirá acumulando anuncios en un terreno donde la seguridad jurídica vale tanto como la ambición ambiental.
