Ultraderecha amenaza con atacar la acampada de la Puerta del Sol en Madrid
Imagen: El País
El Sindicato de Inquilinas ha denunciado que grupos de ultraderecha están usando redes sociales para coordinar un asalto a la acampada instalada en la Puerta del Sol. La alerta llega mientras los activistas piden apoyo para proteger una protesta que ha escalado al terreno de la seguridad pública.
El Sindicato de Inquilinas ha encendido las alarmas en Madrid al denunciar que varios colectivos de ultraderecha están usando redes sociales para organizar una posible irrupción en la acampada de la Puerta del Sol, con la intención de desalojar a los activistas que permanecen allí. La advertencia no es menor: convierte una protesta social en un escenario de riesgo físico y político, en pleno centro de la capital española.
Según informó El País, la organización de inquilinos ha pedido apoyo explícito para defender el campamento y ha señalado que en distintos espacios digitales circulan mensajes de amenaza y convocatoria vinculados a grupos fascistas. La tensión se concentra en una protesta que nació para visibilizar el problema del acceso a la vivienda y que ahora enfrenta una ofensiva que busca desplazarla por la fuerza o por intimidación, algo que en otras ocasiones ha ocurrido en movilizaciones ciudadanas cuando la extrema derecha detecta un punto de alto valor simbólico y mediático.
Lo que está en juego va mucho más allá de una plaza ocupada. La Puerta del Sol es uno de los epicentros políticos y sociales de España, y cualquier intento de ataque coordinado tendría implicaciones para el derecho a la protesta, la seguridad de los manifestantes y la respuesta de las autoridades. En un contexto europeo donde la extrema derecha ha ganado visibilidad al calor de la polarización, la vivienda y el malestar social se han convertido en terreno fértil para la confrontación. La pregunta, por tanto, no es solo si habrá un ataque, sino hasta qué punto las instituciones podrán garantizar que una movilización pacífica no termine secuestrada por grupos que buscan imponer miedo.
Para los activistas, la denuncia también cumple una función preventiva: visibilizar la amenaza antes de que ocurra y reclamar presencia, apoyo y vigilancia ciudadana. Para el resto de la sociedad, el episodio recuerda que el conflicto por la vivienda ya no se libra únicamente en tribunales, oficinas o parlamentos, sino también en las calles y en las redes, donde se organizan tanto la protesta como la intimidación.
