Petro dice que empresarios habrían sido estafados en caso de presuntas coimas
Imagen: El Tiempo - Política
Gustavo Petro salió al paso de las denuncias sobre Juliana Guerrero y una presunta red de coimas ligada a contratos con su Gobierno, al asegurar que los empresarios habrían sido estafados. También pidió a las autoridades verificar los chats divulgados y determinar si hubo delito.
Gustavo Petro intentó tomar distancia de las denuncias que vinculan a Juliana Guerrero con una presunta red de coimas asociada a contratos de su Gobierno, y lo hizo con una explicación que cambia el foco del escándalo: según dijo, los empresarios involucrados habrían sido víctimas de una estafa y no parte de una estructura de sobornos. El mandatario, además, pidió a las autoridades revisar los chats expuestos públicamente para establecer si allí hay pruebas reales de un delito o si, por el contrario, se trata de un montaje para inducir pagos indebidos.
La reacción del presidente se produjo en medio de la creciente controversia política que rodea estas denuncias, divulgadas por El Tiempo - Política, y que han empezado a meter presión sobre el Gobierno en un momento en que su discurso anticorrupción vuelve a ser puesto a prueba. Petro sostuvo, en esencia, que los supuestos intermediarios habrían convencido a empresarios de entregar dinero sin que existiera una ruta formal y verificable de contratación a cambio. Esa versión no borra la gravedad del caso: si se confirma que hubo ofrecimientos de favores, accesos o adjudicaciones a cambio de plata, el país estaría frente a otro episodio de captura indebida del Estado; pero si la tesis del presidente se sostiene, el caso mostraría también la vulnerabilidad de contratistas y empresarios frente a redes que operan con contactos políticos, nombres influyentes y mensajes privados para simular legitimidad.
El asunto importa porque toca uno de los puntos más sensibles de cualquier administración: la integridad en la contratación pública. En Colombia, los escándalos por intermediación, tramitadores y pagos por debajo de la mesa suelen terminar golpeando no solo la credibilidad del Gobierno de turno, sino la confianza de quienes compiten por contratos y de los ciudadanos que terminan pagando la factura. La orden de Petro de examinar los chats abre una segunda capa de análisis: la discusión ya no es únicamente si hubo ofrecimientos ilegales, sino también si las conversaciones presentadas como prueba resisten verificación técnica y judicial. En un país acostumbrado a que la corrupción se camufle detrás de supuestos gestores de influencia, la diferencia entre una red real y una estafa bien montada puede definir tanto responsabilidades penales como costos políticos.
Lo que venga después dependerá de la capacidad de las autoridades para separar ruido de evidencia. Si los chats contienen elementos verificables, la Fiscalía y los organismos de control tendrán que establecer quién pidió, quién ofreció y quién recibió dinero. Si no prueban nada, el Gobierno intentará convertir esta crisis en un caso de fraude contra terceros. En ambos escenarios, el episodio deja una lección incómoda: en la política colombiana, la línea entre la gestión, el clientelismo y el engaño sigue siendo demasiado delgada, y cada denuncia de este tipo termina revelando más sobre el funcionamiento del poder que sobre una sola persona.
