Petro niega señalamientos por reunión en Valledupar y anuncia acciones legales
Imagen: infobae colombia
Gustavo Petro salió a cerrar la polémica por la reunión con firmantes de paz de Ralito en Valledupar y anunció acciones legales contra quienes lo señalaron de presionar a Salvatore Mancuso. El episodio reabre tensiones sobre la relación entre política, desmovilización y acusaciones cruzadas en Colombia.
Gustavo Petro respondió a la controversia desatada por el llamado Pacto de Valledupar y aseguró que el episodio quedó aclarado, al tiempo que anunció que acudirá a instancias legales por los señalamientos que lo vinculan con un supuesto pedido a Salvatore Mancuso para que señalara a Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras. La discusión tomó fuerza después de que se conociera la reunión en la capital del Cesar, en la que, según informó infobae colombia, participaron el exministro del Interior Armando Benedetti y la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, además de otros asistentes relacionados con el proceso de paz.
La controversia no gira solo alrededor del contenido de la reunión, sino de su carga política. De acuerdo con lo divulgado por infobae colombia, las versiones que circularon apuntaban a que Petro habría intentado influir en el exjefe paramilitar para que involucrara a figuras de la oposición y del establecimiento político en sus declaraciones. El señalamiento encendió el debate porque toca uno de los puntos más sensibles en Colombia: el uso de testimonios de excombatientes y exparamilitares en medio de disputas partidistas, judiciales y mediáticas. En este caso, la respuesta del presidente fue tajante: negó la lectura que hicieron sus críticos y advirtió que no dejará pasar lo que considera una acusación sin sustento.
El trasfondo de este episodio es más amplio que una sola reunión. Petro ha construido buena parte de su narrativa política alrededor de la paz total, la reintegración y el diálogo con actores armados, pero cada movimiento en ese terreno suele abrir flancos de ataque para la oposición y para sectores que ven en esas conversaciones una zona gris entre la negociación política y la presión judicial. Por eso el caso de Valledupar importa: no solo por lo que se dijo en esa mesa, sino por el impacto que puede tener en la credibilidad del Gobierno y en la ya frágil confianza pública sobre los procesos de paz. Si el presidente concreta acciones legales, el asunto podría salir del terreno de la pelea política y entrar en una disputa judicial con consecuencias más profundas para el debate nacional.
