Juez frena fumigación aérea de coca con glufosinato en Putumayo y mantiene la suspensión
Imagen: infobae colombia
Un juez dejó en firme la suspensión temporal de la fumigación aérea de coca con glufosinato en Putumayo, al considerar que aún no se cumplen las condiciones exigidas para ese plan piloto. La decisión protege de manera provisional derechos a la salud, el ambiente y la participación ciudadana.
La fumigación aérea de cultivos de coca con glufosinato en Putumayo sigue frenada por orden judicial, en una decisión que vuelve a poner bajo la lupa uno de los instrumentos más polémicos de la política antidrogas en Colombia. El fallo, de carácter transitorio, respalda la protección de derechos fundamentales como la salud, el ambiente sano y la participación de las comunidades, mientras las autoridades demuestran que sí existen garantías para poner en marcha el plan piloto.
De acuerdo con lo informado por Infobae Colombia, el juez concluyó que todavía no está acreditado el cumplimiento de las condiciones necesarias para autorizar la aspersión aérea en ese departamento. En otras palabras: no basta con la intención del Gobierno ni con el argumento de la urgencia en la lucha contra los cultivos ilícitos; antes de intervenir con una sustancia de uso controversial como el glufosinato, el Estado debe probar que el proceso no pondrá en riesgo a la población ni a los ecosistemas de una región particularmente sensible por su biodiversidad, su ruralidad dispersa y la presencia histórica de economías ilegales.
La decisión no es menor. Putumayo ha sido durante años un epicentro del conflicto entre erradicación forzada, sustitución de cultivos y control territorial por parte de grupos armados. Cada vez que el Estado recurre a una herramienta de choque, reaparece la misma tensión de fondo: cómo combatir la coca sin profundizar daños sobre campesinos que viven en medio de la ilegalidad, con baja presencia institucional y escasas alternativas económicas. Por eso, más allá del debate técnico sobre el glufosinato, el expediente toca una discusión política de mayor alcance: hasta qué punto Colombia insiste en respuestas que producen resultados rápidos en el papel, pero dejan secuelas sociales y ambientales difíciles de reparar.
En términos prácticos, esta suspensión obliga a las autoridades a mover el debate desde la urgencia hacia la prueba. Si el Gobierno quiere insistir en el plan piloto, deberá demostrar que existen estudios sólidos, mecanismos de control, participación real de las comunidades y salvaguardas suficientes para evitar afectaciones irreversibles. Y eso importa no solo para Putumayo, sino para cualquier región del país donde el Estado evalúe volver a la aspersión aérea como herramienta contra los cultivos de uso ilícito. La decisión judicial, en el fondo, recuerda que la lucha contra la coca no puede darse al margen de los derechos de quienes viven sobre el territorio, ni de los costos ambientales que luego termina pagando toda la sociedad.
