Triana denuncia recorte de su seguridad y pide cuentas a la UNP tras ataque en Huila
Imagen: El Tiempo - Política
El representante Julio César Triana denunció que le retiraron parte de su esquema de seguridad después de la réplica al presidente Gustavo Petro, pese a seguir en riesgo tras el ataque sufrido en La Plata, Huila. El caso reabre preguntas sobre cómo se protege a los opositores en medio de la polarización política.
El representante a la Cámara Julio César Triana, de Cambio Radical, encendió una nueva alarma sobre su seguridad personal al afirmar que le redujeron medidas de protección después de su réplica al presidente Gustavo Petro en el Congreso. El congresista, que sostuvo que todavía enfrenta un riesgo real, pidió explicaciones a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y cuestionó que la decisión se haya tomado justo cuando sigue fresca la memoria del ataque que sufrió en el municipio de La Plata, Huila.
Según informó El Tiempo - Política, Triana asegura que la situación no solo lo deja expuesto, sino que además envía un mensaje inquietante a quienes ejercen oposición política en Colombia. El legislador sostiene que no ha perdido la condición de amenazado y que, por tanto, no entiende por qué se habrían reducido sus medidas de seguridad en un momento en el que la violencia contra líderes sociales, dirigentes locales y figuras públicas sigue siendo una preocupación constante en varias regiones del país. Su reclamo apunta directamente a la UNP, entidad encargada de evaluar y asignar esquemas de protección a personas en riesgo.
El trasfondo del caso va más allá de un desacuerdo administrativo. En Colombia, las decisiones sobre protección no se leen en el vacío: se interpretan en clave política, territorial y de credibilidad institucional. Si un congresista que ya fue víctima de un ataque siente que el Estado afloja su protección tras confrontar al jefe de Estado, el debate deja de ser técnico y se convierte en una discusión de garantías democráticas. ¿Está funcionando el sistema de protección con criterios estrictamente de riesgo o está expuesto a lecturas políticas? Esa es la pregunta de fondo que deja este episodio, especialmente en un país donde la seguridad de los opositores ha sido históricamente un termómetro de la salud democrática.
El caso de Triana también pone presión sobre la UNP, una entidad que ha sido blanco de críticas por demoras, reevaluaciones controvertidas y presuntas inconsistencias en sus esquemas. Para la ciudadanía, lo que está en juego no es solo la seguridad de un congresista, sino la confianza en que el Estado protege a quienes disienten sin discriminar por afinidad política. En un contexto de polarización creciente, cualquier señal de retiro o debilitamiento de medidas de seguridad puede alimentar la percepción de que la institucionalidad actúa con sesgos, y eso termina afectando algo más grande que una disputa entre un legislador y el Gobierno: la confianza en las reglas del juego democrático.
