Buenos Aires endurece la ofensiva contra los trapitos con multas y arresto
Imagen: infobae
La Legislatura porteña aprobó la ley impulsada por Jorge Macri para endurecer las penas contra los llamados trapitos y quienes limpian vidrios en semáforos. La nueva norma eleva las multas y habilita hasta dos meses de arresto, en un intento por recuperar el control del espacio público.
La Ciudad de Buenos Aires dio un paso fuerte en su política de ordenamiento urbano: la Legislatura aprobó la llamada Ley Anti Trapitos, impulsada por Jorge Macri, que endurece de manera sensible las sanciones para quienes cuidan autos en la vía pública o limpian parabrisas en los semáforos. Desde ahora, esas prácticas podrán ser castigadas con multas mucho más altas que las vigentes y con penas que llegan hasta dos meses de cárcel, una señal clara de que el Gobierno porteño busca dejar atrás la tolerancia con una actividad que durante años se movió en una zona gris entre la informalidad y la extorsión callejera.
La medida apunta a uno de los conflictos urbanos más persistentes en la Ciudad: el cobro informal por estacionar o por “proteger” vehículos en la calle, especialmente en zonas de alta circulación, estadios, corredores gastronómicos y áreas de ocio nocturno. Según informó infobae, la nueva legislación eleva de manera importante el castigo para quienes ocupan el espacio público con estas prácticas, en un escenario donde vecinos y automovilistas denuncian desde hace tiempo presiones, amenazas y cobros sin habilitación. Para el oficialismo porteño, no se trata solo de una discusión de tránsito o convivencia, sino de una disputa por el control del espacio público y por la capacidad del Estado de imponer reglas donde hoy predominan mecanismos informales de cobro.
El trasfondo político también importa. Jorge Macri viene insistiendo desde su llegada a la Jefatura de Gobierno en una línea de endurecimiento sobre cuestiones de seguridad, uso de la calle y orden urbano, una agenda que busca marcar diferencias con etapas anteriores de mayor permisividad. La aprobación de esta ley encaja en ese diagnóstico: en una ciudad donde el estacionamiento es escaso, el valor de la vereda y la calle es alto, y el conflicto por el espacio público se multiplica en horarios pico, el Gobierno porteño apuesta a que una sanción más dura desaliente conductas que muchos vecinos perciben como una forma encubierta de coerción. Pero el debate no termina ahí. También queda abierta la discusión sobre el destino de quienes viven de esa actividad, en muchos casos personas en situación de alta vulnerabilidad que dependen del rebusque callejero para sostener ingresos diarios.
Por eso la nueva ley no solo habla de multas y arresto: también revela una tensión más profunda entre orden y exclusión, entre seguridad y subsistencia. Para el vecino común, la promesa es simple y políticamente potente: caminar, estacionar o detenerse en un semáforo sin sentirse presionado por una economía paralela que se apropia de la calle. Pero la experiencia argentina muestra que endurecer penas no siempre resuelve el problema de fondo si no va acompañado de fiscalización sostenida, presencia real del Estado y alternativas para quienes viven de esa informalidad. En otras palabras, la Legislatura aprobó una norma dura; ahora la verdadera prueba será si la Ciudad logra hacerla cumplir sin que la calle vuelva, otra vez, a imponer sus propias reglas.
