ONU advierte que frenar la coca en Colombia exige recuperar el control del territorio
Imagen: El Tiempo - Política
Mientras Colombia enfrenta su mayor nivel histórico de cultivos de coca, la ONU advierte que la discusión sobre erradicación ya no puede limitarse a sacar matas del suelo. El verdadero desafío, dice la UNODC, es recuperar el control territorial donde mandan las economías criminales.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) puso el foco en una verdad incómoda para Colombia: la coca no solo crece en el campo, también crece donde el Estado perdió capacidad de mandar. En medio del máximo histórico de cultivos ilícitos registrado en el país, el organismo sostuvo que cualquier estrategia antinarcóticos seria debe partir de recuperar la soberanía estatal en los territorios más golpeados por las economías criminales, una advertencia que reordena el debate sobre erradicación, seguridad y presencia institucional.
El mensaje de la ONU llega en un momento en el que el Gobierno de Gustavo Petro intenta sostener su nueva estrategia antidrogas, más orientada a la sustitución voluntaria, el desarrollo rural y la intervención integral que a la erradicación forzada como eje central. La lectura de la UNODC, sin embargo, va más allá del método. Según el organismo, el problema de fondo no es únicamente cuántas hectáreas se arrancan o se fumigan, sino quién controla el territorio, quién cobra extorsiones, quién regula la vida cotidiana y quién termina imponiendo las reglas en zonas donde la institucionalidad llega tarde o no llega nunca.
Ese diagnóstico es clave porque explica por qué Colombia sigue atrapada en un ciclo repetido de expansión cocalera, reapertura de corredores del narcotráfico y fortalecimiento de grupos armados que se financian con esa economía ilegal. Cuando la autoridad del Estado es débil, la coca no opera solo como cultivo: funciona como sistema económico, red de poder y mecanismo de control social. Por eso la advertencia de la UNODC toca una fibra sensible del debate nacional: erradicar sin presencia estatal sostenida puede producir alivios temporales, pero no desmonta la estructura criminal que mantiene viva la cadena. Para las comunidades campesinas, además, la discusión no es abstracta; define si habrá vías, escuelas, salud, mercados legales y protección real, o si seguirán atrapadas entre la pobreza, la presión de los grupos armados y la ausencia del Estado.
La posición de la ONU también deja una implicación política de fondo: Colombia no está frente a una simple disputa entre mano dura y flexibilización, sino ante la prueba de si el Estado puede volver a gobernar zonas donde la economía de la coca sustituyó sus funciones. Si el Gobierno quiere que su nueva estrategia antinarcóticos produzca resultados duraderos, tendrá que demostrar que la seguridad, la justicia y la inversión social avanzan al mismo tiempo. De lo contrario, el país seguirá persiguiendo la hoja sin tocar la raíz: el vacío de poder que permite que el narcotráfico siga organizando la vida en amplias regiones del territorio.
