Oposición alerta por decreto sobre la ANT y teme un golpe a la propiedad privada
Imagen: El Tiempo - Política
La revelación de EL TIEMPO sobre el decreto 0765 de 2026 desató críticas inmediatas en la oposición. Paloma Valencia y María Fernanda Cabal advirtieron que la norma podría poner en riesgo la propiedad privada y ampliar el poder de la ANT.
La publicación de EL TIEMPO sobre el decreto 0765 del 15 de julio de 2026, expedido por el Ministerio de Agricultura, abrió un nuevo frente de choque político por el alcance de las facultades que recibiría la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Las primeras en reaccionar fueron las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quienes cuestionaron con dureza el contenido de la norma y alertaron que podría terminar debilitando la seguridad jurídica sobre la propiedad privada en Colombia.
Según el debate que se encendió tras la revelación del medio, el punto de fondo no es solo técnico ni administrativo: está en juego quién decide sobre la tierra, bajo qué criterios y con qué límites. Para la oposición, el decreto abriría la puerta a potestades especiales para la ANT que, en la práctica, podrían ampliar el margen de intervención del Estado sobre predios rurales. Valencia y Cabal ubicaron allí su crítica central: cuando el Gobierno concentra más herramientas para intervenir en la tenencia de la tierra sin controles suficientemente claros, el mensaje que recibe el país es de incertidumbre para propietarios, inversionistas y productores.
El asunto importa porque en Colombia la disputa por la tierra es uno de los nudos históricos más sensibles y políticamente explosivos. Cualquier modificación normativa que altere el equilibrio entre reforma agraria, función social de la propiedad y garantías para los dueños de predios tiene efectos que van mucho más allá del lenguaje jurídico. En el campo, donde ya pesan la informalidad catastral, los conflictos por títulos y la lentitud institucional, un decreto de este tipo puede traducirse en más temor entre campesinos, empresarios agrícolas y comunidades que dependen de reglas claras para producir o vender. Para el Gobierno, en cambio, este tipo de instrumentos suele justificarse como una vía para acelerar la recuperación y adjudicación de tierras; para sus críticos, puede convertirse en una herramienta demasiado amplia en manos del Ejecutivo.
Lo que viene ahora será una pelea política y jurídica sobre la verdadera extensión de ese decreto. Si el Ejecutivo pretende usarlo para fortalecer la reforma agraria, la oposición seguramente buscará presionar explicaciones sobre su alcance, sus límites y sus posibles impactos sobre la propiedad privada. En un país donde la tierra sigue siendo un asunto de poder, desigualdad y conflicto, cada nueva decisión sobre la ANT se lee no solo como un trámite burocrático, sino como una señal de hacia dónde quiere mover el Gobierno una de las disputas más profundas de Colombia.
