Dapre alista 5.950 millones para la posesión presidencial y deja cerrados los contratos
Imagen: El Tiempo - Política
La transmisión de mando presidencial en Colombia ya tiene asegurada su logística y su señal oficial, con contratos que suman 5.950 millones de pesos. El gasto quedó repartido entre la Corporación para el Desarrollo Regional e Inravisión, según el Dapre.
La transmisión de mando presidencial en Colombia costará 5.950 millones de pesos y el Departamento Administrativo de la Presidencia dejó amarrados los contratos para sacar adelante la ceremonia. La logística, el montaje y la operación general del evento quedarán en manos de la Corporación para el Desarrollo Regional, mientras que Inravisión asumirá la transmisión oficial, según informó El Tiempo - Política.
El dato no es menor porque este tipo de actos concentra en unas pocas horas una operación institucional compleja: escenarios, seguridad, producción técnica, coordinación protocolaria y cobertura audiovisual para el país y para las delegaciones invitadas. En la práctica, el Gobierno asegura desde ya que la posesión presidencial no dependerá de improvisaciones de última hora ni de una cadena de contrataciones fragmentada, sino de un esquema centralizado que busca tener control sobre cada detalle del montaje y la señal oficial.
Más allá del costo, el contrato vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente en Colombia: cuánto debe invertir el Estado en ceremonias de alto perfil y qué tanto de ese gasto es estrictamente necesario frente a las urgencias del país. Una transmisión de mando no es un acto menor; es el símbolo de la continuidad institucional y del relevo democrático. Pero también es una vitrina política, y por eso cada peso desembolsado termina bajo la lupa de la opinión pública, especialmente en un momento en que el debate sobre austeridad, eficiencia y transparencia en la contratación estatal sigue abierto.
La elección de la Corporación para el Desarrollo Regional y de Inravisión como ejecutores también revela cómo el Estado suele apoyarse en entidades con experiencia operativa para evitar tropiezos en eventos de gran escala. El riesgo, sin embargo, es el de siempre: que la discusión se quede únicamente en quién firmó y cuánto costó, sin una explicación clara sobre los criterios técnicos, los alcances del servicio y los mecanismos de supervisión. En un país donde la desconfianza sobre la contratación pública es estructural, la mejor defensa de este tipo de gasto sigue siendo la trazabilidad completa de cada contrato y la justificación detallada de por qué se contrató así y no de otra manera.
