Los caseros neutralizan la reforma fiscal subiendo el alquiler

La ley de vivienda, pensada para limitar la escalada del alquiler y ordenar los incentivos fiscales a los propietarios, está produciendo un efecto que incomoda a la política pública: los caseros están compensando la reducción de ventajas tributarias con subidas en las rentas. Eso explica que en 2024 la suma de las reducciones aplicadas en el IRPF haya aumentado, pese a que la norma recortó el beneficio fiscal para quienes alquilan sus inmuebles. El mensaje de fondo es claro: cuando el mercado sigue presionado por una demanda muy superior a la oferta, parte de la factura de la regulación termina trasladándose al inquilino.

De acuerdo con la información publicada por El País, el dato fiscal revela que la rebaja de los incentivos no ha tenido el efecto disuasorio que preveía el Gobierno. En lugar de resignar rentabilidad, muchos propietarios han ajustado precios al alza para sostener sus ingresos netos, de modo que el ahorro tributario perdido se recupera por la vía del alquiler mensual. La paradoja es importante porque desmonta una idea extendida en el debate público: bajar ventajas fiscales no siempre abarata el acceso a la vivienda si el mercado tiene suficiente tensión como para absorber el incremento de precios. En la práctica, el inquilino sigue cargando con el peso final de la ecuación.

Este comportamiento ayuda a entender por qué la vivienda continúa siendo uno de los principales focos de malestar social en España y, por extensión, en otras economías con problemas de oferta. La ley buscaba corregir distorsiones, pero sus efectos chocan con una realidad más dura: falta vivienda asequible, sobran presiones especulativas y la capacidad de los hogares para asumir nuevas subidas es cada vez más limitada. Para las familias trabajadoras, el resultado es doblemente adverso: pagan más por alquilar y no necesariamente se benefician de una mayor estabilidad del mercado. Para el Estado, el dato también es incómodo porque sugiere que la política fiscal, por sí sola, no basta para reordenar un sistema que sigue premiando al propietario con margen para subir precios.

Lo que está ocurriendo en 2024 deja una lección política de fondo: regular la vivienda sin aumentar de forma decidida la oferta, sin reforzar el parque público y sin atacar los desequilibrios estructurales puede acabar moviendo el problema de un lado a otro, pero no resolverlo. En un mercado tan sensible como el del alquiler, los incentivos importan, pero todavía importa más quién tiene poder para fijar el precio. Y hoy, en buena parte de España, ese poder sigue estando del lado de los caseros.