Caracas reduce la delincuencia, pero el costo sigue bajo escrutinio
Imagen: clarin colombia
Caracas vive una aparente calma tras una ofensiva policial que redujo la delincuencia, pero a un costo humano devastador. Mientras la CPI investiga miles de muertes, Venezuela avanza en su retiro del tribunal y reaviva las dudas sobre impunidad.
La caída de los índices de delincuencia en Caracas está acompañada por una sombra difícil de ignorar: la violencia con la que el Estado impuso ese orden. Tras las redadas policiales de los últimos años, en las que murieron miles de personas, la capital venezolana exhibe hoy una sensación de seguridad que para muchos vecinos se parece más al silencio impuesto por el miedo que a una recuperación real del control ciudadano.
Según informó Clarín Colombia, la campaña de operativos dejó una reducción drástica de los delitos, pero el costo fue descomunal. Las fuerzas de seguridad actuaron en sectores populares y en zonas golpeadas por el crimen organizado con un nivel de letalidad que terminó convirtiéndose en el centro de una investigación de la Corte Penal Internacional. Ese tribunal examina si la ofensiva estatal constituyó una política de persecución y muerte más que un plan legítimo de seguridad pública.
El caso venezolano ilustra un dilema que atraviesa a buena parte de América Latina: cuando el Estado no logra contener la criminalidad, suele aparecer la tentación de resolverla por la vía de la fuerza desbordada. En ese terreno, la baja de los homicidios o de los robos puede ser presentada como éxito político, pero la pregunta de fondo es quién paga el precio y bajo qué garantías. En Venezuela, ese debate se agrava ahora porque el gobierno avanza en su retiro de la Corte Penal Internacional, una decisión que en la práctica puede leerse como un intento de cerrar la puerta a un escrutinio externo sobre lo ocurrido.
Lo que pasa en Caracas no es solo un episodio local. Para los venezolanos de a pie, la aparente seguridad convive con la desconfianza hacia las instituciones y con la certeza de que la paz puede haber sido construida sobre una violencia estatal no resuelta. Para la región, el mensaje es más incómodo todavía: cuando un gobierno convierte la seguridad en un asunto de ejecuciones y no de justicia, la calma que obtiene puede ser tan frágil como peligrosa.
