Mazón se desvincula del retraso del Es-Alert y niega relación con las víctimas
Imagen: El País
Carlos Mazón rechazó que el retraso en el envío del Es-Alert tenga una relación causal con las víctimas y se desmarcó de la redacción del aviso. Sostuvo además que no era su responsabilidad adoptar las medidas de prevención.
Carlos Mazón ha intentado cortar de raíz una de las líneas más sensibles de la discusión política y judicial tras el retraso en el envío del Es-Alert: negar que exista una relación causal directa entre esa demora y las víctimas. El presidente de la Generalitat valenciana sostuvo que él no era el responsable de activar medidas de prevención y también se desmarcó de la redacción del mensaje de alerta, en un movimiento que busca acotar su papel institucional en una de las decisiones más cuestionadas del episodio.
Según informó El País, Mazón defendió que la gestión operativa de las advertencias no dependía de él de forma directa y subrayó que no intervino en la elaboración del texto enviado a la población. Su argumento apunta a separar la responsabilidad política de la responsabilidad técnica: una cosa sería la dirección general del gobierno autonómico y otra, la ejecución concreta de protocolos de emergencia. En esa distinción se apoya su defensa, que pretende evitar que el retraso del aviso se convierta automáticamente en una imputación personal sobre el resultado trágico de los hechos.
Pero esa estrategia también abre una pregunta de fondo que va más allá del intercambio político: quién toma decisiones críticas cuando el tiempo apremia y las alertas pueden salvar vidas. En emergencias, cada minuto cuenta, y por eso la discusión no se limita a si Mazón firmó o no el mensaje, sino a si la cadena de mando funcionó con la rapidez que exigía la situación. En un país donde los episodios de lluvias extremas, inundaciones y otros fenómenos severos se han vuelto más frecuentes, la ciudadanía espera algo muy básico del sistema público: avisos claros, oportunos y coordinados. Cuando eso falla, no sólo se erosiona la confianza en las instituciones; también se instala la sospecha de que el costo humano pudo haberse reducido con una respuesta más ágil.
El caso, además, tiene una lectura política evidente. Mazón no sólo discute responsabilidades administrativas: trata de blindar su posición ante una presión que combina duelo, exigencia social y posible desgaste institucional. En la práctica, su respuesta intenta fijar un marco: él no redactó el aviso, no adoptó las medidas preventivas y, por tanto, no debería cargarse sobre sus hombros la relación entre el retraso y las víctimas. El problema es que, en una crisis de esta magnitud, la opinión pública rara vez se conforma con una división tan limpia de competencias. Lo que queda en juego no es sólo quién firmó el mensaje, sino si el Estado llegó a tiempo cuando más importaba.
