Gobierno cierra la puerta a beneficios para alias ‘Pinocho’ en su eventual sometimiento
Imagen: infobae colombia
El Ministerio de Justicia le cerró la puerta a cualquier trato especial a alias ‘Pinocho’, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. El Gobierno insistió en que, si hay sometimiento, deberá hacerse ante las autoridades competentes y bajo las reglas de la justicia, no con atajos.
El Ministerio de Justicia marcó distancia frente a la propuesta de sometimiento presentada por alias ‘Pinocho’, señalado jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y advirtió que no habrá privilegios, acuerdos por fuera de la ley ni rutas especiales para su entrega. La respuesta del Gobierno deja claro que cualquier acercamiento deberá pasar por los canales institucionales y bajo condiciones definidas por la justicia, no por exigencias particulares del grupo armado.
Según informó Infobae Colombia, la cartera fue enfática en que ‘Pinocho’ deberá acudir a las autoridades competentes y someterse a las reglas que determine el sistema judicial, en una señal que busca evitar la lectura de que el Estado está dispuesto a negociar en términos políticos con estructuras armadas de carácter ilegal. La postura también responde al pedido del jefe de esa organización, que había reclamado garantías para concretar su entrega, una exigencia que en la práctica sonó más a negociación que a sometimiento.
El mensaje tiene una carga política y jurídica importante: el Gobierno intenta sostener la idea de que el sometimiento no puede convertirse en una puerta de entrada a beneficios automáticos para quienes controlan economías criminales, extorsión y violencia en territorios clave de la Sierra Nevada. En un país donde los procesos de desmovilización y sometimiento han dejado lecciones complejas, el Ejecutivo sabe que ceder en la forma puede terminar debilitando la autoridad del Estado y enviando una señal equivocada a otras estructuras armadas que también buscan salidas negociadas sin pagar el costo judicial que corresponda.
Más allá del choque de declaraciones, el fondo del asunto es qué tipo de mensaje le quiere enviar el Gobierno a los grupos armados que operan fuera de la ley: que sí existe una puerta para la rendición, pero no una negociación a la carta. Para las comunidades golpeadas por el control territorial y la presión criminal en la Sierra Nevada, la discusión no es semántica sino práctica: si el Estado logra imponer condiciones claras, o si termina entrando en una lógica de concesiones que perpetúa la impunidad y la desconfianza en la institucionalidad.
