Morales defiende contratos con iglesias en colegios públicos y niega imposición por decreto
Imagen: El Tiempo - Política
La ministra de Educación, Viviane Morales, salió al paso de las críticas por los contratos con iglesias y entidades privadas en colegios públicos. Aseguró que no habrá imposiciones y que la discusión sigue abierta sobre el alcance real de esas organizaciones.
La ministra de Educación, Viviane Morales, intentó frenar la tormenta política que desataron los contratos con iglesias y entidades privadas para operar en colegios públicos. En medio de las críticas, la funcionaria insistió en que no existe intención de imponer el esquema por la vía rápida ni de abrir una puerta indiscriminada a actores religiosos dentro de la educación oficial. Su mensaje fue claro: el debate no está cerrado y, por ahora, la discusión gira alrededor de qué funciones podrían asumir esas organizaciones y hasta dónde podrían llegar dentro de los planteles públicos.
El centro de la controversia no es solo administrativo, sino también de fondo. Según informó El Tiempo - Política, la tensión está en definir el papel exacto que tendrían estas entidades dentro de las instituciones oficiales: si se limitarían a apoyar procesos específicos o si terminarían participando en ámbitos sensibles de la vida escolar. Esa línea es la que ha encendido las alarmas entre sectores que ven en estos contratos una posible privatización parcial de responsabilidades del Estado o una forma de introducir agendas confesionales en espacios que deben responder al principio de neutralidad y al derecho a una educación pública laica e inclusiva.
La discusión, además, toca una fibra histórica en Colombia: la relación entre Iglesia, Estado y escuela pública. Cada vez que un gobierno intenta ampliar la participación de organizaciones religiosas o privadas en servicios educativos, aparece la misma pregunta de fondo: ¿se trata de una alianza para mejorar cobertura y resultados, o de una cesión de funciones públicas a intereses particulares? En un país donde la desigualdad educativa sigue marcando la diferencia entre territorio y territorio, el impacto de estas decisiones no se mide solo en contratos, sino en quién controla contenidos, orientaciones y prioridades dentro de las aulas. Por eso el asunto importa más allá del debate ideológico: afecta la calidad de la educación, la confianza en las instituciones y el tipo de formación que reciben niños y adolescentes.
Lo que viene será clave. Si el Gobierno quiere sostener esta apuesta, tendrá que explicar con precisión qué harán esas organizaciones, bajo qué reglas, con qué límites y con qué mecanismos de vigilancia. Sin esas garantías, cualquier intento de ampliar su presencia en colegios públicos seguirá siendo visto como un movimiento político de alto costo. Y en educación, como en pocos temas, la improvisación termina pagándose caro: por las familias, por los docentes y, sobre todo, por los estudiantes que dependen del Estado para tener una escuela pública que no solo funcione, sino que también sea un espacio de libertad y pluralidad.
