Martínez sacude el debate con denuncias sobre presuntos contactos de Cepeda con el Clan del Golfo
Imagen: El Tiempo - Política
Néstor Humberto Martínez volvió a agitar el debate político al divulgar en su columna supuestos contactos de Iván Cepeda con estructuras del Clan del Golfo en plena antesala del plebiscito de 2016. La revelación reabre una discusión incómoda sobre los límites entre negociación, intermediación política y acercamientos con grupos armados ilegales.
Néstor Humberto Martínez puso de nuevo bajo la lupa una de las zonas más sensibles del proceso de paz: la relación entre interlocutores políticos y actores armados ilegales en los días previos al plebiscito de 2016. En una columna publicada en El Tiempo - Política, el exfiscal y abogado aseguró que Iván Cepeda habría tenido contactos turbios con integrantes del Clan del Golfo en momentos en que el país discutía el Acuerdo de La Habana, una afirmación que eleva la tensión en un debate ya marcado por sospechas, interpretaciones cruzadas y heridas todavía abiertas en la política colombiana.
De acuerdo con el relato de Martínez, el punto central no es solo la existencia de un acercamiento, sino el contenido de un presunto ofrecimiento hecho al grupo ilegal durante las etapas finales de la negociación. Aunque el texto no se conoce aquí en detalle, la sola divulgación de ese señalamiento toca una fibra especialmente delicada: en Colombia, cualquier indicio de interlocución con estructuras criminales durante campañas o negociaciones de paz suele convertirse de inmediato en arma política, prueba de desconfianza y combustible para la polarización. Cepeda, una de las figuras más visibles del campo que respaldó el proceso de paz, queda así otra vez en el centro de una controversia que mezcla moral pública, estrategia electoral y memoria del conflicto.
El momento escogido para lanzar esta acusación tampoco es menor. En vísperas del plebiscito de 2016, el país estaba dividido entre quienes veían el acuerdo con las FARC como una salida histórica y quienes consideraban que el Gobierno cedía demasiado frente a la impunidad. Cualquier versión sobre contactos con grupos armados en ese contexto altera la lectura de la época, porque obliga a revisar no solo lo que se dijo públicamente, sino también lo que pudo moverse por canales menos visibles. Si la denuncia de Martínez llegara a sustentarse con pruebas verificables, el impacto sería enorme: no solo afectaría la reputación de una figura política clave, sino que además reabriría preguntas sobre quién hablaba con quién, para qué y bajo qué mandato durante una de las coyunturas más decisivas de la historia reciente.
Por ahora, lo que deja la columna es un nuevo episodio de la batalla por la narrativa del proceso de paz. En Colombia, esas disputas no son menores ni simbólicas: definen responsabilidades, reescriben alianzas y pueden influir en la confianza ciudadana frente a cualquier intento futuro de negociación con actores armados. Y esa es, al final, la dimensión más sensible de esta denuncia: más allá del choque entre nombres propios, lo que está en juego es la credibilidad de los caminos que el Estado dice querer usar para cerrar la guerra sin terminar premiando a quienes la alimentan.
