De la Espriella capitaliza el hartazgo y promete mano dura contra violencia y corrupción
Imagen: BBC Mundo
Abelardo de la Espriella se perfila como ganador según el preconteo y abrió su etapa política con un mensaje de mano dura: prometió acabar con la violencia y la corrupción. Su discurso anticipa una disputa de fondo entre seguridad, libertad y poder en Colombia.
Abelardo de la Espriella arrancó su primer discurso después del preconteo con una apuesta política clara: convertir el hartazgo ciudadano frente a la inseguridad y la corrupción en el eje de su mandato. Según informó BBC Mundo, el dirigente prometió poner fin a los bandidos, a los terroristas y a los corruptos en Colombia, una frase que resume el tono de mano dura con el que busca marcar distancia desde el primer minuto y dejar claro que su victoria no será, al menos en el discurso, una administración de matices sino de confrontación directa contra los problemas que más indignan al electorado.
Más allá del impacto simbólico de sus palabras, el mensaje revela la arquitectura de su estrategia política: seguridad primero, legitimidad después. De la Espriella no solo habló de restablecer el orden, sino que construyó su intervención sobre una idea que en Colombia tiene una carga histórica enorme: sin seguridad no hay libertad real. En un país golpeado durante décadas por la violencia armada, la expansión de economías ilegales y la captura de instituciones por redes clientelistas, ese argumento suele encontrar eco en una ciudadanía cansada de promesas incumplidas. El problema es que, en la práctica, ese tipo de planteamiento también abre una discusión delicada sobre los límites del poder, el uso de la fuerza pública y el riesgo de que la respuesta a la inseguridad termine debilitando garantías civiles que son parte esencial de la democracia.
Por eso este resultado, de confirmarse oficialmente en el escrutinio, no solo tendría lectura electoral sino también política e institucional. En Colombia, cada giro hacia el discurso de la “mano dura” reordena el debate nacional: obliga a la oposición a responder sobre crimen y corrupción, empuja a los sectores de centro y de izquierda a defender sus modelos de seguridad, y somete a prueba a las instituciones encargadas de perseguir el delito sin erosionar el Estado de derecho. El país ya conoce este péndulo. Cada vez que la violencia se vuelve insoportable, crece la tentación de apostar por fórmulas rápidas; pero la experiencia colombiana demuestra que los atajos rara vez resuelven el problema estructural. Lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna en un país donde la seguridad sigue siendo la principal deuda con la gente común.
Si su victoria se consolida, De la Espriella llegará al poder —o al menos al centro del poder político— con una promesa que puede ser muy efectiva en campaña pero difícil de sostener en el ejercicio real. Acabar con la criminalidad, desmantelar la corrupción y restaurar la confianza ciudadana exige algo más que un discurso enérgico: requiere capacidad institucional, resultados visibles y una relación menos retórica y más técnica con la justicia, la policía y el sistema político. En Colombia, como en buena parte de América Latina, la prueba de fuego no será la intensidad de las frases, sino si esas frases se traducen en menos miedo en la calle y más credibilidad en el Estado.
