ONU exige esclarecer muerte de Donovan Balanta y pone la lupa sobre la Policía

La muerte de Donovan Balanta tras un procedimiento policial escaló al plano internacional y ya dejó una advertencia de peso: la ONU pidió que el caso sea esclarecido por la justicia ordinaria y bajo los estándares internacionales sobre uso de la fuerza. El señalamiento no es menor. Cuando un organismo de este nivel recuerda que la seguridad de una persona detenida recae en el Estado, está poniendo el foco no solo en lo ocurrido esa noche, sino en la obligación institucional de responder con transparencia, celeridad y garantías para la familia y la sociedad.

Según informó Infobae Colombia, siete uniformados fueron apartados de sus cargos mientras avanzan las pesquisas, una medida que busca evitar interferencias en la investigación y preservar la credibilidad del proceso. La exigencia de que el caso no se diluya en trámites internos de la Policía, sino que pase por la justicia ordinaria, apunta a una discusión de fondo que Colombia conoce bien: qué tan independientes son las investigaciones cuando hay agentes del Estado involucrados en muertes ocurridas durante intervenciones policiales. En ese terreno, cada hora que pasa sin respuestas fortalece la desconfianza pública y debilita la versión oficial.

El pronunciamiento de Naciones Unidas también obliga a mirar el problema más allá de este episodio puntual. En Colombia, la discusión sobre el uso de la fuerza policial se ha intensificado en los últimos años por denuncias de abusos, procedimientos letales y falta de rendición de cuentas. Por eso, el caso Balanta no solo compromete a los uniformados señalados, sino al modelo de control estatal sobre la fuerza pública. Si las autoridades no logran demostrar con pruebas claras qué ocurrió, quién dio las órdenes y si se respetaron los protocolos, el mensaje para la ciudadanía será devastador: que detener a una persona no garantiza su protección, pese a que esa debería ser precisamente la primera obligación del Estado.

Lo que viene ahora será determinante. La investigación deberá reconstruir minuto a minuto el procedimiento, revisar testimonios, videos, comunicaciones internas y peritajes forenses para establecer si hubo exceso, omisiones o una cadena de decisiones que terminó en una muerte evitable. Más allá del desenlace judicial, el caso ya se convirtió en una prueba de fuego para la Policía, la Fiscalía y el Estado colombiano: demostrar que frente a una posible vulneración de derechos no hay espacio para el encubrimiento ni para la impunidad.