Valencia pide a la Fiscalía esclarecer muerte del coronel Dávila tras nuevo testimonio
Imagen: El Tiempo - Política
La senadora Paloma Valencia pidió a la Fiscalía abrir una investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila, luego de que Angie Rodríguez relatara presuntas advertencias recibidas al llegar a la Presidencia. El caso vuelve a poner bajo la lupa la presión interna y las dudas no resueltas alrededor de ese episodio.
La senadora Paloma Valencia pidió este jueves que la Fiscalía investigue a fondo la muerte del coronel Óscar Dávila, un caso que vuelve a cobrar fuerza después de las declaraciones de Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, sobre las advertencias que habría recibido al llegar a la Presidencia. Para la congresista, el asunto no puede seguir tratándose como una pieza aislada del pasado: lo que hay sobre la mesa, dijo en términos políticos, es un episodio que merece esclarecimiento judicial por su gravedad y por las sombras que todavía lo rodean.
La solicitud de Valencia se conoció luego de que Rodríguez relatara presuntas presiones y alertas dentro del entorno presidencial, un testimonio que reabrió preguntas sobre el ambiente interno en el que se produjo la muerte del coronel. Aunque los detalles del caso han circulado durante meses en la discusión pública, la nueva declaración volvió a conectar dos líneas sensibles: las tensiones al interior de la Casa de Nariño y la necesidad de determinar si hubo circunstancias adicionales alrededor del fallecimiento del oficial. En ese contexto, la senadora insistió en que la Fiscalía debe actuar con mayor rigor y despejar cualquier duda sobre lo ocurrido.
El caso Dávila importa porque no se trata solo de la muerte de un oficial de la Policía, sino de un episodio que toca la credibilidad institucional en uno de los puntos más delicados para cualquier gobierno: la seguridad, el manejo de información interna y la cadena de responsabilidades. Cuando una figura como Rodríguez habla de advertencias al ingresar a la Presidencia, el debate deja de ser únicamente político y se convierte en una pregunta de fondo sobre posibles irregularidades, omisiones o presiones que podrían haber influido en el desenlace. En Colombia, donde los escándalos suelen diluirse en la polarización, este tipo de hechos exige algo más que confrontación partidista: exige investigación seria, trazabilidad de los testimonios y respuestas oficiales que no dejen espacio a la especulación.
Más allá de la controversia puntual, lo que está en juego es la capacidad del Estado para resolver con transparencia hechos que comprometen a su propia estructura. Si la Fiscalía decide abrir o profundizar indagaciones, el Gobierno enfrentará una nueva prueba de manejo político y judicial en un momento en el que cualquier señal de opacidad alimenta la desconfianza ciudadana. Para la opinión pública, el mensaje es claro: mientras no se esclarezcan estos episodios, seguirán abiertas las dudas sobre qué ocurrió realmente y quién sabía qué dentro del círculo más cercano al poder.
