Petro pide investigar a Félix Córdoba por presunto control de tierras y miles de hectáreas
Imagen: infobae colombia
Gustavo Petro pidió a la Fiscalía abrir una investigación contra el exalcalde Félix Córdoba por presunto control de tierras y ocupación de miles de hectáreas. El señalamiento reabre el debate sobre el poder territorial, las invasiones y la disputa política por la tierra en Colombia.
El presidente Gustavo Petro elevó el tono en la discusión por la tierra en Colombia al pedirle a la Fiscalía que investigue al exalcalde Félix Córdoba por presunto control de predios y una supuesta ocupación de miles de hectáreas. La solicitud, revelada por infobae colombia, pone sobre la mesa una vieja tensión en el país: quién domina realmente el territorio rural, bajo qué mecanismos lo hace y qué tanta capacidad tiene el Estado para frenar redes locales que se benefician del desorden agrario.
La controversia tomó más fuerza luego de que Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, asegurara que el exmandatario habría admitido que, ante un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella, tendría influencia sobre algunas invasiones. Ese señalamiento es políticamente sensible porque sugiere que el control territorial no se limita a la propiedad formal o al registro de tierras, sino que también involucra presiones, intermediaciones y capacidad de mando sobre ocupaciones informales que, en muchos casos, terminan convirtiéndose en disputas judiciales, conflictos sociales o negocios de largo aliento.
El caso importa porque Colombia arrastra un problema estructural con la tierra que no se resuelve solo con títulos ni con operativos aislados. En amplias zonas rurales, la concentración de la propiedad, la informalidad en los linderos, la debilidad institucional y la violencia histórica han permitido que actores políticos, económicos y armados influyan sobre el uso del suelo. Por eso, cuando el jefe de Estado habla de un posible control de miles de hectáreas, el mensaje no solo apunta a una persona, sino a una red de poder que puede estar operando por fuera de los márgenes legales. Si la Fiscalía decide abrir o profundizar la investigación, el caso podría convertirse en una prueba clave sobre la capacidad del país para perseguir el control irregular de tierras sin que el expediente se diluya en la pelea política.
También hay una lectura electoral y de poder detrás del episodio. En un momento en que el debate sobre reforma agraria, restitución de tierras y ocupaciones vuelve al centro de la conversación pública, este tipo de denuncias se convierte en combustible para la confrontación entre el Gobierno y sus críticos. Pero más allá del cruce de acusaciones, la pregunta de fondo sigue siendo la misma: cuántas hectáreas están en manos de intereses que no salen en los papeles y cuánto tarda el Estado en llegar a los territorios donde la legalidad todavía depende de quién tenga más influencia local.
