Petro pide investigar a Félix Córdoba por presunto control de miles de hectáreas
Imagen: infobae colombia
Gustavo Petro pidió a la Fiscalía revisar al exalcalde Félix Córdoba por el presunto control de miles de hectáreas en medio de disputas por la tierra. El señalamiento, revelado por Felipe Harman, abre un nuevo frente sobre poder local, invasiones y la fragilidad institucional en el campo colombiano.
El presidente Gustavo Petro elevó la presión sobre uno de los nombres que orbita en las disputas por la tierra en Colombia y pidió a la Fiscalía que investigue al exalcalde Félix Córdoba por presunto control de predios rurales. La denuncia, difundida por infobae colombia, apunta a un esquema de ocupación de miles de hectáreas que, de confirmarse, pondría en evidencia hasta qué punto algunos liderazgos locales siguen teniendo capacidad para influir sobre terrenos, comunidades y conflictos agrarios en regiones donde el Estado llega tarde o llega mal.
La alerta fue reforzada por Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, quien aseguró que el exmandatario habría reconocido que conservaría influencia sobre ciertas ocupaciones de tierra en caso de un eventual triunfo de Abelardo de la Espriella en la Presidencia. Ese dato no es menor: en una sola frase se cruzan poder político, presunta intermediación sobre invasiones y una pelea de fondo por la gobernabilidad del campo. En términos prácticos, lo que está en juego no es solo la propiedad de grandes extensiones, sino también quién manda en zonas donde la legalidad suele negociarse con fuerza, clientelismo o intimidación.
Este episodio importa porque el debate sobre la tierra en Colombia no es un tema técnico ni aislado; es uno de los núcleos del conflicto histórico del país. La concentración de predios, la informalidad en la propiedad y la disputa por baldíos o terrenos improductivos han alimentado por décadas tensiones que terminan golpeando a campesinos, comunidades étnicas y pequeños productores, mientras políticos, intermediarios y estructuras ilegales intentan capitalizar el desorden. Por eso la solicitud del presidente a la Fiscalía no solo busca determinar responsabilidades individuales, sino también enviar un mensaje sobre el alcance que pueden tener las redes de control territorial cuando el Estado no logra ordenar el uso de la tierra ni proteger a quienes la trabajan.
En el trasfondo aparece una verdad incómoda para el país: cada vez que una autoridad local o un operador político acumula poder sobre el suelo rural, se debilita la promesa de una reforma agraria seria y transparente. Si la investigación avanza, podría abrirse una discusión más amplia sobre el papel de exalcaldes, dirigentes regionales y eventuales aliados políticos en la administración informal de territorios. Y si no avanza, quedará otra vez la sensación de que en Colombia la tierra sigue siendo no solo un recurso económico, sino una fuente de poder que muchos quieren seguir administrando desde la sombra.
