Petro pide a la Fiscalía investigar a Félix Córdoba por presunto control de tierras

Gustavo Petro escaló el caso del exalcalde Félix Córdoba al pedirle a la Fiscalía que lo investigue por un presunto entramado de control sobre tierras en zonas rurales, una señal de que el Gobierno quiere convertir este episodio en algo más que una denuncia política. Según informó infobae colombia, el mandatario lo señala por una supuesta ocupación de miles de hectáreas, un tema que en Colombia toca una fibra sensible: la disputa histórica por la tierra, la informalidad en la propiedad y la persistente captura de territorios por actores con poder local. En el fondo, no se trata solo de un nombre propio, sino de la pregunta de quién manda realmente en regiones donde el Estado llega tarde, poco o simplemente no llega.

La discusión ganó fuerza después de que Felipe Harman, exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, asegurara que el exmandatario habría admitido que conserva capacidad de influencia sobre algunas invasiones y que incluso tendría margen de maniobra en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella. Esa afirmación, atribuida por infobae colombia, no es menor porque sugiere que el problema no se limita a ocupaciones irregulares de predios, sino a una red de poder con capacidad para administrar, negociar o incluso orientar dinámicas de hecho sobre tierra ajena. Cuando un exalcalde es mencionado en este tipo de señalamientos, el caso deja de ser solo administrativo y entra al terreno de la captura institucional y del uso político del suelo como instrumento de control regional.

El trasfondo importa porque Colombia arrastra desde hace décadas una guerra no declarada por la tierra, donde confluyen despojo, especulación, colonización ilegal, pobreza rural y debilidad catastral. En ese escenario, los conflictos por ocupación no solo afectan a grandes propietarios o al Estado; también golpean a familias campesinas que terminan atrapadas entre promesas de titulación, presiones de intermediarios y órdenes de desalojo que llegan tarde o nunca se ejecutan. Si la Fiscalía abre una investigación seria, el caso podría ayudar a esclarecer si hubo un simple aprovechamiento político del desorden agrario o una estructura más amplia de control territorial. Y si no avanza, el mensaje será el de siempre: en Colombia, las tierras siguen siendo un botín y la autoridad, una presencia intermitente.

Para Petro, llevar este expediente a la Fiscalía también tiene un valor político: conecta su agenda de reforma agraria con un caso que ilustra por qué el Estado ha fallado durante años en garantizar propiedad, seguridad jurídica y presencia institucional en el campo. La pregunta de fondo no es únicamente si Félix Córdoba ocupa o no un lugar en esta trama, sino cuánto poder real conservan los viejos operadores de tierra en un país donde la propiedad rural todavía puede decidir elecciones, alianzas y hasta el futuro de comunidades enteras.