Policía demanda a Narváez por reparación del crimen de Jaime Garzón
Imagen: infobae colombia
La Policía Nacional demandó al exsubdirector del DAS José Miguel Narváez para que responda por la millonaria reparación ordenada por el crimen de Jaime Garzón. La acción de repetición busca trasladar a un exfuncionario condenado el costo que ya asumió el Estado.
La Policía Nacional dio un nuevo paso en uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de Colombia: radicó una acción de repetición contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS y señalado por su presunta participación en la cadena que llevó al asesinato de Jaime Garzón. Con esta demanda, presentada en Bogotá el 12 de agosto de 2026, la institución pretende que Narváez asuma el pago de la millonaria indemnización que el Estado ya tuvo que reconocer a los hermanos del periodista asesinado.
De acuerdo con lo informado por infobae colombia, la pretensión de la Policía no es menor: busca trasladar a un exfuncionario la responsabilidad económica derivada de una condena estatal por un crimen que marcó a toda una generación. La acción de repetición es, en esencia, el mecanismo que usa el Estado cuando considera que un servidor público actuó con dolo o culpa grave y, por tanto, debe responder patrimonialmente por el daño causado. En este caso, la demanda se inscribe en una larga lista de intentos institucionales por cerrar una deuda judicial y moral que Colombia arrastra desde el 13 de agosto de 1999, cuando Garzón fue asesinado en Bogotá.
El nombre de Narváez ha estado durante años asociado a ese expediente por las decisiones judiciales que lo vinculan con la estructuración del crimen, uno de los más emblemáticos de la violencia política y del silenciamiento a la crítica en Colombia. Que ahora sea la propia Policía Nacional la que busque recuperar los recursos pagados por reparación no solo revela el costo financiero que dejó el caso, sino también la insistencia del Estado en dejar constancia de que no todos los errores institucionales deben terminar absorbidos por el bolsillo público. Esa discusión, que podría parecer técnica, tiene fondo político: obliga a revisar hasta dónde llegan las consecuencias individuales de los abusos cometidos desde organismos de inteligencia que en su momento operaron con amplios márgenes de discrecionalidad.
El proceso también reactiva una pregunta incómoda para el país: ¿qué tanto puede repararse cuando el daño ya fue consumado y la confianza ciudadana quedó fracturada? El asesinato de Jaime Garzón no fue solo el crimen contra un periodista, humorista y mediador social; fue una herida abierta sobre la relación entre poder, inteligencia estatal y violencia contra la oposición y la crítica. Por eso, la acción de repetición contra Narváez no debe leerse únicamente como una maniobra jurídica para recuperar dinero, sino como una señal de que el Estado sigue intentando ordenar, tarde y con costos altos, una verdad que durante años estuvo sepultada bajo la impunidad, la negligencia y las sombras de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos.
