Gobernadores piden nueva clasificación municipal por alza del salario mínimo
Imagen: El Tiempo - Política
El aumento del 23% al salario mínimo decretado por Gustavo Petro ya empezó a mover las cuentas territoriales: los departamentos advierten que en 2027 habrá un salto en los pagos públicos. La Federación Nacional de Departamentos pide cambiar la forma en que se clasifican los municipios para evitar que la factura golpee con más fuerza.
El aumento del 23% al salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro no solo elevó el costo laboral en el sector privado y público; también abrió un frente de tensión entre la Nación y las regiones. La Federación Nacional de Departamentos advirtió que la medida tendrá un impacto serio en 2027, cuando las entidades territoriales enfrenten un mayor peso en nóminas, transferencias y obligaciones asociadas a la remuneración de trabajadores y contratistas.
Según informó El Tiempo - Política, los gobernadores están pidiendo una nueva forma de clasificar a los municipios porque la actual estructura no refleja con precisión la realidad fiscal de muchos territorios. El argumento es claro: no es lo mismo un municipio con alta capacidad de recaudo que uno dependiente de giros nacionales, pero ambos terminan sometidos a reglas parecidas en materia de gasto y asignación de recursos. En la práctica, el aumento salarial aprobado por el Ejecutivo se convierte en una presión adicional sobre presupuestos que ya vienen ajustados.
El debate importa porque el salario mínimo no solo mueve el ingreso de millones de trabajadores, sino que también funciona como referencia para buena parte del gasto público. Cuando sube de forma acelerada, el efecto se multiplica en alcaldías, gobernaciones y entidades descentralizadas que deben asumir mayores costos sin que necesariamente aumenten sus ingresos al mismo ritmo. De ahí que la Federación Nacional de Departamentos ponga sobre la mesa un cambio en la tipología municipal: su reclamo apunta a repartir cargas con mayor justicia fiscal y a evitar que la misma regla termine castigando más a quienes tienen menos músculo financiero.
La discusión, además, revela un problema de fondo que Colombia arrastra desde hace años: la distancia entre las decisiones salariales del Gobierno central y la capacidad real de pago de las regiones. Si no se ajustan los criterios de clasificación, el golpe de 2027 podría traducirse en recortes, aplazamiento de proyectos y menor margen para inversión social. En un país donde la descentralización sigue siendo incompleta, el costo de una decisión nacional no siempre lo absorbe Bogotá; muchas veces termina pagando la cuenta el municipio más pequeño.
