Colombia

JEP ajustará sede, contratos y seguridad tras recorte de $170.000 millones

Hace 16 horas

La Jurisdicción Especial para la Paz enfrentará un recorte de $170.000 millones que obligará a mover su sede, reducir contrataciones y ajustar esquemas de seguridad. Danilo Rojas advirtió que el ajuste impactará a 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros vinculados al sistema.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró en zona de ajuste forzado tras el recorte de $170.000 millones en su presupuesto. Según explicó su presidente, Danilo Rojas, la entidad tendrá que mover su sede, recortar hasta 85% de la contratación y replantear buena parte de su operación para seguir atendiendo los casos de justicia transicional que tiene a su cargo.

El golpe no es menor. De acuerdo con lo expuesto por Rojas, la medida afecta directamente el funcionamiento de una jurisdicción que tramita procesos sensibles relacionados con la guerra en Colombia y con el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz. En esa ruta aparecen cerca de 9.000 militares y 2.000 exguerrilleros, una cifra que da cuenta de la magnitud del universo judicial que sigue bajo revisión en esta instancia. Además de los cambios logísticos, la JEP deberá ajustar sus esquemas de seguridad y redefinir prioridades para no frenar sus tiempos procesales.

El punto de fondo es que el recorte no solo compromete la operación administrativa, sino la capacidad del Estado para sostener una política de justicia transicional que ya funciona con plazos exigentes y una enorme carga documental y probatoria. Si la entidad pierde músculo operativo, lo que está en juego no es solo su comodidad institucional: también pueden resentirse la atención de víctimas, la comparecencia de excombatientes y militares, y la velocidad con la que avanzan decisiones judiciales que han sido esperadas durante años. En un país donde la implementación de los acuerdos sigue siendo frágil, cada reducción presupuestal termina teniendo efectos políticos.

Rojas, además, recordó que la JEP no opera en un vacío: sus decisiones y su cronograma dependen de recursos, personal técnico y condiciones mínimas de seguridad. Por eso, el recorte abre una discusión más amplia sobre las prioridades fiscales del Estado colombiano y sobre el costo real de sostener la justicia transicional. En la práctica, menos presupuesto significa más presión para una institución que ya camina sobre una línea delgada entre la demanda de resultados y la falta de herramientas para producirlos.

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