Feminicidio de joven embarazada en Cali sacude al país y enciende indignación política
Imagen: El Tiempo - Política
El feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de embarazo, sacudió a Cali tras ser hallada muerta en La Buitrera sin su bebé en el vientre. El caso ha generado indignación política y puso de nuevo sobre la mesa la violencia contra las mujeres en Colombia.
El feminicidio de María Camila Potosí, una joven de 21 años y con ocho meses de gestación, estremeció a Cali y reabrió una herida que Colombia no logra cerrar: la violencia extrema contra las mujeres. La víctima fue hallada sin vida en La Buitrera y, de acuerdo con la información conocida hasta ahora, el bebé que esperaba no estaba en su vientre, un detalle que agrava aún más la crudeza del caso y eleva las preguntas sobre lo ocurrido.
La reacción política no se hizo esperar. Según informó El Tiempo - Política, el presidente electo Abelardo De la Espriella se pronunció sobre el crimen y expresó su rechazo absoluto frente a lo sucedido, calificándolo como un hecho aberrante. Ese pronunciamiento se suma al ambiente de indignación que ha rodeado el caso desde que se conoció la muerte de la joven, cuyo embarazo la convertía no solo en una víctima de violencia de género, sino también en el centro de una tragedia con implicaciones que conmueven a cualquier sociedad que todavía diga defender la vida.
Este caso importa porque deja al descubierto, una vez más, la vulnerabilidad en la que siguen viviendo miles de mujeres en Colombia, incluso aquellas que atraviesan una etapa tan sensible como el embarazo. No se trata solo de un hecho criminal aislado: es el reflejo de una cultura de agresión que persiste, de rutas de protección que fallan y de una institucionalidad que muchas veces llega tarde. Cuando una mujer embarazada aparece muerta y el desenlace incluye la desaparición del bebé, el país no está ante un episodio más de violencia, sino frente a una señal de alarma que exige respuestas rápidas de las autoridades judiciales y de investigación.
Más allá de las condenas públicas, el caso de María Camila Potosí plantea una pregunta que Colombia arrastra desde hace años: cuántas alertas más necesita para reaccionar con decisión frente al feminicidio. La indignación no puede quedarse en comunicados ni en discursos de ocasión. Si el Estado no fortalece la prevención, la protección y la capacidad de esclarecer estos crímenes, las mujeres seguirán expuestas en un país donde cada nuevo feminicidio confirma que la violencia machista no es un problema marginal, sino una emergencia nacional.
