Exmagistrado del CNE llegó al gobierno de La Espriella como asesor jurídico
Imagen: El Tiempo - Política
Altus Alejandro Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, llegó al Ministerio del Interior como asesor jurídico del gobierno de Abelardo De La Espriella, mediante un contrato por 91 días. El documento ya deja ver los términos de su vinculación y abre preguntas sobre el tipo de perfil que está sumando la administración.
El gobierno de Abelardo De La Espriella sumó a su equipo a Altus Alejandro Baquero, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, mediante un contrato de prestación de servicios en el Ministerio del Interior por 91 días. La vinculación, revelada por El Tiempo - Política, pone sobre la mesa un movimiento que no pasa desapercibido: un jurista con experiencia en uno de los órganos más sensibles del sistema electoral aterriza en una cartera clave para la relación entre el Ejecutivo, la política y las instituciones.
De acuerdo con los detalles conocidos, Baquero quedó contratado como asesor jurídico por un lapso corto pero estratégico, lo que sugiere una necesidad puntual de apoyo técnico en asuntos legales y administrativos. Aunque el monto y el alcance específico de las obligaciones no son el centro único de la discusión, sí importa el hecho de que su llegada ocurre en un ministerio que suele estar en el corazón de las tensiones entre gobernabilidad, trámite político y manejo normativo. En otras palabras, no se trata de un nombramiento cualquiera ni de un cargo decorativo.
La presencia de un exmagistrado del CNE en el gabinete de De La Espriella también abre un debate de fondo sobre las puertas giratorias entre los órganos de control, la rama electoral y el aparato de gobierno. En Colombia, este tipo de movimientos suele observarse con lupa porque toca de frente la discusión sobre independencia, cercanía con el poder y uso de experiencia técnica en funciones estatales. Que un perfil con trayectoria en el árbitro electoral pase a asesorar al Ministerio del Interior puede interpretarse como una apuesta por blindar jurídicamente decisiones sensibles, pero también como una señal política que inevitablemente será leída en clave de poder.
En un país donde la relación entre gobierno, partidos y autoridad electoral está permanentemente bajo sospecha, cada fichaje importa más allá del contrato en sí. Para la ciudadanía, lo relevante no es solo quién entra al Estado, sino para qué entra, con qué límites y con qué efecto real sobre la toma de decisiones. Ese será el verdadero examen para Baquero y para un gobierno que sigue moviendo fichas en áreas donde la legalidad y la política rara vez caminan por separado.
