Procuraduría alerta sobre el abandono de miles de mayores y personas con discapacidad

La Procuraduría General de la Nación lanzó una advertencia que desnuda una de las fallas más crudas del sistema de cuidado en Colombia: 237 adultos mayores y 17.362 personas con discapacidad están en condición de abandono, mientras hospitales y centros de larga estancia se convierten, de hecho, en lugares de permanencia indefinida por la ausencia de redes familiares y comunitarias que asuman su cuidado. El dato no solo refleja una emergencia social; también evidencia una presión creciente sobre instituciones que, en teoría, no deberían operar como hogares sustitutos de por vida.

Según informó infobae colombia, el organismo de control identificó que la falta de apoyo para estas poblaciones está empujando a muchas personas a permanecer más tiempo del debido en hospitales o en instituciones de cuidado prolongado, sin una ruta clara de retorno a sus entornos familiares o a soluciones dignas de atención. La Procuraduría advirtió que esta situación no puede leerse como un caso aislado, sino como un síntoma de desarticulación entre el Estado, las familias y los sistemas territoriales encargados de garantizar protección a quienes, por edad o discapacidad, dependen de terceros para sostener su vida cotidiana.

Lo que está en juego va más allá de una estadística. En un país que envejece y donde la pobreza, la informalidad y la debilidad institucional golpean con mayor fuerza a los hogares vulnerables, el abandono termina convirtiéndose en una forma silenciosa de exclusión. Cuando una persona mayor o con discapacidad queda sin cuidador, sin acompañamiento y sin una red mínima de soporte, la carga recae sobre hospitales, fundaciones, albergues o centros de larga estancia que no siempre cuentan con la capacidad ni la vocación para asumir una permanencia indefinida. El problema, en el fondo, revela que el cuidado sigue siendo tratado como una responsabilidad privada y no como una política pública sostenida.

La alerta de la Procuraduría debería leerse como un llamado de fondo a revisar qué tan preparado está el país para responder al envejecimiento poblacional y a las necesidades de las personas con discapacidad. No se trata solo de garantizar cupos o atención médica, sino de construir rutas reales de protección, seguimiento y reintegración social. Mientras eso no ocurra, hospitales y centros de larga estancia seguirán absorbiendo una crisis que no les corresponde resolver solos, y miles de personas seguirán atrapadas en una especie de espera institucional que es, en los hechos, una prolongación del abandono.