Presunto documento pone bajo la lupa la estrategia de Petro frente a la Segunda Marquetalia
Imagen: El Tiempo - Política
Un presunto documento revelado por El Tiempo - Política sugiere que entre 2024 y 2025 se habría pedido suspender operaciones militares y policiales contra la Segunda Marquetalia. La filtración reabre preguntas sobre la estrategia de seguridad del gobierno Petro y sus límites.
La revelación de un presunto documento que habría pedido frenar operaciones militares y policiales contra la Segunda Marquetalia entre 2024 y 2025 vuelve a golpear el centro de la política de seguridad del gobierno de Gustavo Petro. Según informó El Tiempo - Política, la instrucción habría buscado suspender determinadas acciones contra esa disidencia de las FARC, un señalamiento que, de confirmarse, tendría efectos políticos y operativos mucho más amplios que una simple decisión táctica: tocaría la credibilidad de la estrategia de “paz total” y la capacidad del Estado para sostener presión sobre un grupo armado con historial de expansión territorial y violencia contra la población civil.
De acuerdo con la información base conocida hasta ahora, el documento no solo hablaría de una pausa general, sino de la suspensión de operaciones específicas durante un periodo que abarcaría 2024 y 2025. Esa precisión importa porque en Colombia cada reducción de presión militar o policial en zonas de disputa puede cambiar el equilibrio local en cuestión de días. En la práctica, cuando se limita la acción estatal contra una estructura armada, se abre espacio para que esta consolide corredores de movilidad, fortalezca economías ilegales, imponga control social o aumente la intimidación sobre comunidades que ya viven bajo la amenaza de las armas. Por eso, más allá del debate jurídico o administrativo sobre la autenticidad del documento, la noticia toca un punto sensible: quién decide, con qué criterios y con qué controles, cuándo el Estado baja el nivel de confrontación frente a un grupo ilegal.
La Segunda Marquetalia es hoy uno de los actores más incómodos para el gobierno porque encarna, en buena medida, el fracaso de una desmovilización previa y el costo político de negociar con estructuras que siguen armadas. Surgida de antiguos mandos que retornaron a la lucha ilegal después del acuerdo con las FARC, esa disidencia ha logrado mantener presencia en regiones donde convergen narcotráfico, extorsión y disputas por el control territorial. En ese contexto, una suspensión de operaciones puede leerse de dos maneras: como un intento de crear condiciones para una mesa de diálogo o como una concesión que debilita la disuasión estatal. Para las comunidades, la diferencia no es teórica. Cuando el Estado reduce su presión sin resultados verificables, las consecuencias suelen medirse en confinamientos, reclutamiento, amenazas y desplazamientos.
Lo que deja esta revelación no es solo una controversia sobre un documento, sino una pregunta de fondo sobre el rumbo de la seguridad en Colombia. Si la información se comprueba, el Gobierno tendrá que explicar si existió una orden política, qué autoridad la emitió y cuáles fueron sus límites y controles. Si no se confirma, también deberá aclarar por qué circuló una pieza de ese tipo y qué tanto permea la toma de decisiones en materia de orden público. En ambos escenarios, el episodio muestra que la discusión sobre la Segunda Marquetalia ya no es únicamente militar: es una prueba de fuego para la transparencia del Ejecutivo, para la confianza de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, para las regiones que siguen pagando el costo real de cada ambigüedad del poder central.
