Fujimori amplía su ventaja mientras crecen las denuncias por el voto exterior en Perú
Imagen: El País
Keiko Fujimori ha ensanchado hasta unos 40.000 votos su ventaja sobre la candidatura de izquierda, en un escrutinio que sigue abierto casi dos semanas después de la segunda vuelta. En medio de impugnaciones y denuncias sobre el voto en el exterior, Perú entra en una zona de máxima tensión institucional.
Keiko Fujimori ha logrado ampliar su diferencia frente al candidato de la izquierda hasta rondar los 40.000 votos, en un conteo que todavía no termina casi dos semanas después de la segunda vuelta presidencial en Perú. La cifra no solo refuerza, al menos por ahora, la posición de la lideresa de Fuerza Popular, sino que también retrata un país atrapado en la espera, con cada acta pendiente convertida en un campo de disputa política y jurídica.
La controversia se ha alimentado especialmente por las denuncias de Roberto Sánchez y de otros dirigentes del bloque progresista, que han puesto el foco en la supuesta manipulación del voto de los peruanos en el extranjero. Aunque las autoridades electorales continúan procesando observaciones y revisando los resultados mesa por mesa, la izquierda insiste en que hay irregularidades que deben ser examinadas con lupa. En paralelo, el entorno de Fujimori sostiene que el avance en el escrutinio confirma una tendencia favorable y pide respetar los procedimientos institucionales hasta que el cómputo quede cerrado.
Este pulso dice mucho más que una simple diferencia numérica. En Perú, una elección con márgenes estrechos no se define solo por quién gana en las urnas, sino también por quién logra sostener su relato de legitimidad ante una sociedad profundamente polarizada y un sistema político debilitado por años de crisis. El voto en el exterior, que suele pasar desapercibido en tiempos de calma, se vuelve decisivo cuando la carrera es tan ajustada. Y en un escenario donde cualquier bloque puede interpretar el conteo como prueba de fraude o de corrección institucional, la desconfianza termina erosionando la credibilidad del proceso completo.
Lo que está en juego no es únicamente la presidencia, sino la estabilidad del próximo ciclo político peruano. Si la autoridad electoral logra cerrar el escrutinio con transparencia y rapidez, podrá contener parte del desgaste. Pero si las denuncias se prolongan y el resultado final sigue siendo disputado, el país quedará expuesto a una nueva fase de confrontación que puede trasladarse a las calles, al Congreso y a los tribunales. Para la ciudadanía, el costo de esa incertidumbre es concreto: más parálisis, más desconfianza y menos margen para enfrentar problemas urgentes como el empleo, la recuperación económica y la crisis de representación que arrastra Perú desde hace años.
