Robo de energía le cuesta $170.000 millones a Air-e y deja 327 capturados
Imagen: infobae colombia
El robo de energía sigue golpeando con fuerza a Air-e en la Costa Caribe: la empresa calcula pérdidas mensuales por $170.000 millones mientras avanzan operativos en Atlántico, Magdalena y La Guajira. En 2026 ya van 327 capturados y más de 40 negocios cerrados por reincidir en conexiones ilegales.
El robo de energía en la Costa Caribe no es una infracción menor ni un problema aislado: es una sangría financiera de $170.000 millones mensuales para Air-e, según informó Infobae Colombia, mientras las autoridades intensifican operativos en Atlántico, Magdalena y La Guajira. La magnitud del daño explica por qué la empresa y la fuerza pública han endurecido la ofensiva contra las conexiones ilegales, un delito que termina afectando la calidad del servicio y, en la práctica, encarece la operación para miles de usuarios que sí pagan sus facturas.
De acuerdo con la información divulgada por la fuente, en lo corrido de 2026 ya han sido capturadas 327 personas por este tipo de prácticas, una cifra que muestra la dimensión del fenómeno y su persistencia a pesar de los controles. Solo en el área metropolitana de Barranquilla, las autoridades detectaron irregularidades en cuatro establecimientos durante la última semana, al tiempo que más de 40 negocios han sido cerrados por reincidir en el fraude eléctrico. El mensaje institucional es claro: no se trata únicamente de revisar viviendas o pequeños comercios, sino de perseguir una red de consumo ilegal que se mantiene instalada en distintos puntos de la región.
El impacto de este problema va mucho más allá de las cuentas de una empresa. Cuando el robo de energía se vuelve estructural, el sistema pierde capacidad para sostener inversiones, mejorar redes y responder a la demanda creciente en zonas urbanas y rurales. En la Costa Caribe, donde la discusión sobre tarifas y calidad del servicio ha sido históricamente sensible, estas cifras alimentan una tensión de fondo: por un lado, usuarios que reclaman un servicio más estable y justo; por el otro, una práctica ilegal que sigue desangrando la operación y dificultando cualquier salida de largo plazo. Si la ofensiva judicial y administrativa no se acompasa con vigilancia sostenida y sanciones efectivas, el problema seguirá reciclarse.
La clave ahora estará en si estos operativos logran algo más que capturas y cierres puntuales. Air-e necesita reducir pérdidas para sostener su operación, pero la región también requiere una respuesta de fondo que combine control, judicialización y cultura de legalidad. Porque detrás de cada conexión fraudulenta no solo hay una empresa que pierde dinero: hay una cadena de costos que termina llegando, de una u otra forma, al resto de los usuarios y a la estabilidad misma del servicio.
