Lara pide devolver protección a Triana y se agrava la tensión por críticas a la ‘Paz Total’
Imagen: El Tiempo - Política
El ministro del Interior de Abelardo De La Espriella, Rodrigo Lara, pidió a la UNP restablecer el esquema de protección de Julio César Triana, luego de que el congresista de oposición cuestionara la política de ‘Paz Total’ en el debate del 20 de julio. La decisión reabre el debate sobre garantías para la oposición en Colombia.
La solicitud de Rodrigo Lara a la Unidad Nacional de Protección para restablecer el esquema de seguridad del congresista Julio César Triana volvió a poner sobre la mesa una discusión incómoda para el país: qué tan protegida está realmente la oposición cuando confronta al poder. El pedido, revelado por El Tiempo - Política, llega después de que Triana criticara de frente la política de ‘Paz Total’ del gobierno de Gustavo Petro en el discurso del 20 de julio, una intervención que en el Congreso suele marcar el tono del año legislativo y medir el pulso entre Gobierno y minorías políticas.
De acuerdo con la información conocida, Lara —quien hace parte del gabinete de Abelardo De La Espriella— solicitó a la UNP que se restableciera el esquema de protección del representante Triana, una movida que no es menor en un país donde la seguridad de los dirigentes políticos sigue siendo un asunto frágil y, en muchos casos, dependiente del clima de polarización. El dato no solo refleja una preocupación puntual por la integridad de un congresista; también expone cómo las tensiones alrededor del debate sobre la ‘Paz Total’ están desbordando el terreno estrictamente legislativo y entrando en la órbita de las garantías personales.
El contexto importa. Colombia tiene una larga historia de violencia contra líderes políticos, especialmente cuando sus posturas incomodan a sectores armados, mafias regionales o incluso a aparatos de poder local. Por eso, cuando un representante de la oposición queda expuesto tras un discurso crítico, el episodio no se lee como una simple anécdota administrativa entre una entidad de protección y un funcionario del Gobierno. Se interpreta, más bien, como una prueba de fuego para el sistema democrático. La ‘Paz Total’ de Petro, concebida como la gran apuesta de su administración para negociar con distintos actores armados, ha generado apoyos, dudas y resistencias; pero si sus críticos terminan viéndose obligados a modular su voz por temor a represalias, el costo político e institucional sería profundo.
En ese escenario, la petición de Lara funciona también como un recordatorio de que la discusión sobre seguridad política en Colombia no puede reducirse a escoltas, carros blindados o trámites ante la UNP. Lo que está en juego es si el Estado puede garantizar que un congresista, un líder social o cualquier voz disidente hable sin calcular primero el riesgo de convertirse en blanco. Y si bien el restablecimiento del esquema a Triana puede parecer una medida puntual, su trasfondo es mayor: la salud de la oposición y la credibilidad de las promesas de convivencia democrática en un país que aún no logra separar del todo la política del miedo.
