Sánchez lleva la IA al terreno social y desafía la idea de que las tecnológicas se autorregulan
Imagen: El País
Pedro Sánchez pidió en España un “nuevo contrato social” para enfrentar el avance de la inteligencia artificial y defendió que la autorregulación tecnológica ha fracasado. El Gobierno convocará a sindicatos y empresarios para diseñar medidas de adaptación laboral y regulatoria.
Pedro Sánchez elevó este lunes el debate sobre la inteligencia artificial a una cuestión de Estado y de modelo de país. Desde la Moncloa, el presidente del Gobierno sostuvo que España necesita un “nuevo contrato social” para responder al impacto de esta tecnología y dejó claro que no confía en que las propias empresas tecnológicas se regulen por sí solas: según explicó, esa vía no ha demostrado funcionar. El mensaje no fue solo político; fue una advertencia sobre el ritmo al que la IA está transformando el empleo, la economía y la vida cotidiana, y sobre el riesgo de que la brecha entre quienes se adaptan y quienes quedan atrás se agrande más rápido de lo que los gobiernos reaccionan.
El Ejecutivo presentó además un paquete de medidas para preparar al país ante esta transición y anunció que convocará a los agentes sociales, es decir, a sindicatos y organizaciones empresariales, para abrir una negociación sobre cómo encajar la inteligencia artificial en el mercado laboral español. La apuesta del Gobierno pasa por combinar innovación con garantías, poniendo el foco en formación, adaptación de puestos de trabajo y reglas claras para el uso de sistemas automatizados. El planteamiento llega en un momento en que la IA ya no es una promesa futura, sino una herramienta presente en sectores como la administración pública, los servicios financieros, la industria, los medios de comunicación y la atención al cliente, donde su despliegue está empezando a reordenar tareas, perfiles y tiempos de trabajo.
La intervención de Sánchez conecta con una discusión que atraviesa Europa y también Estados Unidos: quién controla la inteligencia artificial, qué límites debe tener y cómo evitar que sus beneficios se concentren en pocas manos mientras los costes recaen sobre trabajadores y usuarios. En el fondo, la discusión no es solo tecnológica sino política: si la IA aumenta la productividad sin protección social, puede profundizar desigualdades; si se regula en exceso, puede frenar innovación; y si se deja en manos del mercado, el resultado puede ser una carrera sin frenos. Para España, el debate tiene una dimensión especialmente sensible porque el país llega a esta transición con un mercado laboral todavía marcado por la precariedad, la temporalidad y las diferencias de productividad entre sectores. Por eso, el llamado de Sánchez apunta menos a una declaración de principios que a una negociación incómoda pero inevitable: cómo repartir los costes y las oportunidades de una tecnología que ya está cambiando las reglas del trabajo antes de que la política termine de ponerse al día.
El trasfondo es evidente: la inteligencia artificial no solo automatiza tareas, también redistribuye poder. Y ahí es donde el discurso de la autorregulación pierde fuerza. Si los gobiernos no fijan reglas, lo harán las grandes plataformas; si no se protege a los trabajadores, el ajuste recaerá sobre ellos; y si no se invierte en capacitación, la transformación tecnológica puede convertirse en una nueva frontera de exclusión. Lo que Sánchez plantea, en el fondo, es que la discusión sobre la IA no puede quedarse en laboratorios, empresas o foros de expertos: debe entrar en la agenda social, laboral y democrática con la misma urgencia con la que la tecnología ya entró en la vida diaria.
