Sandra Ortiz se pronuncia por el Fondo de Adaptación en medio de la tormenta de la UNGRD
Imagen: El Tiempo - Política
Sandra Ortiz, implicada en el escándalo de la UNGRD, cerró filas con Angie Rodríguez tras la denuncia sobre movimientos presupuestales en el Fondo de Adaptación. La exconsejera pidió que la justicia determine quiénes se apropiaron de los recursos públicos.
Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones e investigada en el entramado de la UNGRD, salió a respaldar a Angie Rodríguez luego de que esta denunciara presuntos movimientos presupuestales en el Fondo de Adaptación. El gesto llama la atención no solo por el momento político en que ocurre, sino porque proviene de una figura que hoy carga con uno de los expedientes más sensibles sobre corrupción en el manejo de recursos públicos en el país. Ortiz, en vez de entrar en una defensa cerrada o evasiva, pidió que sea la justicia la que establezca quiénes se quedaron con el dinero de los colombianos.
De acuerdo con lo conocido, Ortiz expresó su confianza en Rodríguez frente a la denuncia relacionada con los movimientos del presupuesto en esa entidad, una señal que mezcla respaldo personal con un mensaje de fondo: la necesidad de que los órganos judiciales lleguen hasta el final. Su postura no elimina las sombras que rodean su propio caso, pero sí evidencia cómo el escándalo de la UNGRD sigue irradiando consecuencias más allá de sus protagonistas directos y alcanzando otras entidades donde el manejo de recursos públicos está bajo escrutinio.
El episodio importa porque la discusión ya no se limita a quién habría participado en la presunta red de corrupción de la UNGRD, sino a la manera en que distintas dependencias del Estado administran fondos que deberían estar dirigidos a obras, prevención del riesgo y atención de emergencias. El Fondo de Adaptación, por su naturaleza, maneja recursos sensibles y de alto impacto social; cualquier señal de uso irregular golpea la confianza ciudadana y alimenta la percepción de que el presupuesto público sigue siendo un botín en disputa. En ese contexto, la posición de Ortiz puede leerse de dos maneras: como un intento de marcar distancia frente a posibles irregularidades o como una jugada para proyectar cooperación con la verdad en medio de su propia situación judicial.
Lo cierto es que este nuevo capítulo confirma que el caso UNGRD no ha cerrado sus heridas. Por el contrario, sigue abriendo frentes políticos, administrativos y judiciales que comprometen la credibilidad del Estado. Mientras la investigación avance, lo que está en juego no es solo la responsabilidad individual de unos cuantos funcionarios, sino la capacidad real de Colombia para impedir que los recursos destinados a atender necesidades urgentes terminen capturados por redes de interés. Y ese es, al final, el punto que debería preocuparle a cualquier ciudadano: que la justicia no se quede en anuncios, sino que llegue hasta el fondo de quién se apropió de lo que era de todos.
