La justicia frena la delimitación exprés de Santurbán y obliga a rehacer el proceso
Imagen: El Tiempo (Colombia)
La justicia frenó la resolución con la que el Gobierno de Gustavo Petro buscaba acelerar la delimitación del páramo de Santurbán. La suspensión obliga a replantear el proceso y abre una nueva disputa entre protección ambiental, minería y seguridad jurídica.
La resolución con la que el Gobierno de Gustavo Petro intentó avanzar por la vía rápida en la delimitación del páramo de Santurbán quedó suspendida por decisión judicial, un golpe que obliga a desmontar el trámite y replantear de cero una discusión que ha enfrentado durante años a ambientalistas, mineros, autoridades locales y comunidades del nororiente colombiano. El fallo frena una apuesta del Ejecutivo que buscaba cerrar un capítulo pendiente en uno de los ecosistemas más sensibles del país, pero también uno de los más politizados.
Según informó El Tiempo (Colombia), varias autoridades recibieron con alivio la medida, al considerar que el procedimiento no garantizaba suficiente participación ni resolvía de fondo los conflictos acumulados alrededor de la zona. La expectativa ahora se traslada al próximo Gobierno, que deberá asumir un nuevo proceso de delimitación con más presión institucional, más escrutinio judicial y el mismo dilema de fondo: cómo proteger el agua sin desconocer los intereses económicos y sociales que giran alrededor del territorio. En Santurbán no está en juego solo una línea en el mapa; está en disputa el modelo de manejo ambiental que Colombia quiere aplicar en zonas estratégicas.
El caso importa porque Santurbán es mucho más que un expediente administrativo. De allí dependen fuentes hídricas que abastecen a miles de personas en Santander y Norte de Santander, mientras que en su área de influencia persisten tensiones por la actividad minera y la posibilidad de restricciones más estrictas sobre el uso del suelo. La decisión judicial también deja en evidencia un problema recurrente en Colombia: los intentos del Estado por resolver conflictos ambientales terminan muchas veces atrapados entre la urgencia política, los vacíos técnicos y la desconfianza ciudadana. Cuando el Gobierno intenta acelerar, la justicia le recuerda que en territorios tan sensibles la forma importa tanto como el fondo.
A partir de este fallo, el debate sobre Santurbán entra en una fase de incertidumbre controlada, pero no resuelta. Para las comunidades, la suspensión puede leerse como una oportunidad para exigir una discusión más amplia y menos improvisada; para el Estado, como un llamado a corregir el método; y para el país, como otra señal de que la transición entre desarrollo, conservación y extracción sigue sin una ruta clara. Si el próximo Gobierno retoma el proceso, no bastará con expedir una nueva resolución: tendrá que reconstruir confianza en un territorio donde cada decisión termina midiendo mucho más que límites ambientales.
