Senadora cuestiona alza en nómina de la JEP y contrato de $10.730 millones para otra sede
Imagen: El Tiempo - Política
La senadora María Clara Posada puso bajo la lupa el incremento de la nómina de la JEP y lo vinculó con la justificación de un contrato por $10.730 millones para una segunda sede. El debate reabre preguntas sobre el gasto público y la coherencia administrativa de la jurisdicción de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz volvió a quedar en el centro de la discusión pública después de que la senadora María Clara Posada señalara un aumento en su nómina que, según su denuncia, habría servido para sustentar la necesidad de contratar una segunda sede en Bogotá por $10.730 millones. El cuestionamiento no es menor: pone sobre la mesa si la entidad está creciendo por necesidades reales de operación o si, por el contrario, está resolviendo con más gasto una planeación que desde el inicio no terminó de cerrar bien.
El punto de partida de la controversia está en una decisión tomada en 2017, cuando la JEP escogió el edificio Torre Squadra para concentrar sus actividades y operar de manera unificada. Sin embargo, con el paso del tiempo esa idea terminó desdibujándose y la entidad acabó funcionando en sedes fraccionadas, una situación que hoy alimenta las críticas sobre costos, eficiencia y organización interna. En ese contexto, la denuncia de Posada busca demostrar que el incremento de personal no solo impactó la planta administrativa, sino que también abrió la puerta a nuevos contratos para infraestructura y arrendamientos.
Más allá del señalamiento puntual, el caso toca una fibra sensible en un país donde cada peso del presupuesto público está bajo observación. La JEP nació como una pieza central del sistema de justicia transicional y, por tanto, su legitimidad depende tanto de sus decisiones judiciales como de la transparencia con la que maneja sus recursos. Si una entidad creada para aportar verdad, justicia y reparación termina envuelta en dudas sobre su expansión burocrática, el golpe político es inevitable. Y para la ciudadanía, la pregunta de fondo es simple: ¿se está invirtiendo en justicia o en una estructura administrativa cada vez más costosa para sostenerla?
El debate apenas empieza, pero ya deja una señal incómoda para la JEP y para el Gobierno que la respalda: cuando la planeación falla, el costo no solo se mide en millones, sino también en credibilidad. En tiempos de recortes, vigilancia fiscal y desconfianza sobre el gasto estatal, cualquier contrato de esta magnitud exige explicaciones claras, documentos sólidos y una rendición de cuentas que no deje espacio a sospechas.
