Casación marcó límites a la protesta tras los destrozos en el Congreso
Imagen: infobae
Tras los destrozos frente al Congreso durante el debate de la Ley Bases, volvió a tomar fuerza un fallo de Casación que marcó límites claros al derecho a protestar. La resolución sostuvo que la protesta está protegida por la Constitución, pero no ampara la violencia ni los daños.
Un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal volvió al centro de la escena después de los destrozos registrados frente al Congreso durante la discusión de la Ley Bases en 2024. La decisión, dictada en esa misma causa, dejó una línea clara: el derecho a la protesta tiene amparo constitucional, pero ese paraguas no cubre actos de violencia, daños materiales ni intimidación pública.
De acuerdo con lo informado por infobae, el pronunciamiento se originó a partir de los incidentes ocurridos en una jornada marcada por tensiones dentro y fuera del Parlamento, cuando manifestantes y fuerzas de seguridad chocaron en las inmediaciones del edificio legislativo. En ese contexto, Casación revisó el alcance jurídico de la manifestación y sostuvo que la protección institucional de la protesta no puede convertirse en una habilitación para destruir bienes, agredir o alterar de manera violenta el orden público.
La relevancia de ese criterio excede el caso puntual. En la Argentina, donde la protesta social es una herramienta histórica de presión política, la discusión sobre sus límites vuelve cada vez que una movilización deriva en enfrentamientos o en daños sobre bienes públicos y privados. Lo que puso sobre la mesa la Cámara no es solo una definición penal, sino una advertencia política y judicial: el ejercicio de un derecho no borra la responsabilidad por los excesos. Para el Estado, además, el fallo ofrece un respaldo para distinguir entre expresión legítima y conducta delictiva en escenarios de alta conflictividad.
El impacto también se siente en el debate más amplio sobre cómo contener el malestar social sin criminalizar la protesta. En un país atravesado por la crisis económica, los ajustes y la polarización, la frontera entre manifestación y violencia suele volverse difusa en el discurso público. Por eso el fallo recobra peso ahora: porque instala un precedente que puede influir en futuras causas, en la actuación de la Justicia y en el modo en que el poder político administra un conflicto que, lejos de cerrarse, sigue siendo una de las principales tensiones de la vida democrática argentina.
