La fiebre del oro de Trump abre espacio a negocios turbios y redes venezolanas
Imagen: clarin colombia
La fiebre del oro impulsada por la administración Trump abrió espacio para negocios en un sector marcado por la corrupción y las sombras geopolíticas. En medio de esas negociaciones, aparece una empresa que Washington considera un riesgo para la seguridad nacional.
La reactivación del negocio del oro bajo la administración Trump no solo ha disparado una nueva carrera por las ganancias: también ha reabierto la puerta a viejas prácticas de opacidad, corrupción y captura de rentas en un sector donde las bandas venezolanas ya se quedaron con una parte del botín. Según informó clarin colombia, el gobierno estadounidense está negociando acuerdos en una industria históricamente vulnerable a la manipulación, y uno de esos entendimientos involucra a una compañía que, para Washington, representa una amenaza para la seguridad. El mensaje político es incómodo, pero claro: mientras la Casa Blanca intenta aprovechar el valor estratégico del oro, también se expone a hacerlo en terrenos contaminados por actores criminales y empresas bajo sospecha.
El dato central no es solo económico, sino de poder. El oro volvió a convertirse en un activo codiciado por razones que van desde la incertidumbre internacional hasta la necesidad de asegurar cadenas de suministro más favorables para Estados Unidos. Pero ese atractivo tiene un precio. De acuerdo con la información divulgada por clarin colombia, las negociaciones de la administración se dan en un sector conocido por su corrupción estructural, donde la falta de controles facilita que grupos armados, intermediarios turbios y redes transnacionales extraigan beneficios. En ese ecosistema, las bandas venezolanas no son un actor marginal: aparecen como piezas que ya participan en el reparto de utilidades, lo que sugiere que el negocio no se está reordenando, sino formalizando sobre una base ya contaminada.
Esto importa porque el oro, lejos de ser un simple commodity, funciona como una herramienta de financiación, influencia y supervivencia política. Cuando un gobierno negocia con empresas o intermediarios que cargan alertas de seguridad, el costo no se mide solo en reputación diplomática, sino en riesgo operativo, fiscal y de legitimidad. En el caso de Estados Unidos, la paradoja es evidente: busca contener amenazas vinculadas al crimen organizado y, al mismo tiempo, se mueve en un mercado donde esas amenazas encuentran nuevas oportunidades. Para Colombia y Venezuela, la señal es igual de preocupante. Cada dólar que entra en una cadena opaca puede fortalecer redes que ya operan en zonas mineras, fronterizas y periféricas, donde el Estado llega tarde o no llega.
Lo que está en juego va más allá de un acuerdo comercial puntual. Si la administración Trump termina validando negocios en un sector asociado con corrupción y seguridad nacional, podría terminar normalizando una forma de relación con el oro que premia a los actores equivocados. Y cuando eso ocurre, el impacto no se queda en los despachos de Washington: se siente en los territorios donde la minería ilegal, la violencia y la captura del Estado convierten la riqueza del subsuelo en una maldición para la gente común.
