Tensión en la UPC por proselitismo: directivas defienden debates y no la confrontación

La Universidad Popular del Cesar (UPC) volvió a quedar en el centro del debate político en Valledupar después de una confrontación entre estudiantes por actividades de proselitismo vinculadas a la campaña presidencial. El episodio encendió alarmas sobre la manera en que la contienda electoral está entrando a los campus universitarios, un espacio que históricamente debería servir para deliberar, no para reproducir las tensiones de la calle. Según confirmó el vicerrector administrativo de la UPC, Henrry Smith, el ingreso a la institución se dio por parte de ambas campañas presidenciales, lo que deja claro que no se trató de una presencia unilateral sino de una disputa política con eco dentro de la comunidad estudiantil.

De acuerdo con lo explicado por la administración universitaria, la institución no pretende cerrar la puerta a la discusión pública ni a la participación política de los jóvenes, pero sí insiste en que ese ejercicio debe canalizarse a través de foros académicos, espacios de intercambio y escenarios regulados por la propia universidad. Esa postura busca marcar una línea entre el debate democrático y la propaganda electoral abierta en los pasillos o zonas comunes del campus. En un país donde las universidades suelen ser semilleros de pensamiento crítico y movilización social, la diferencia entre dialogar y hacer campaña no es menor: de ella depende que la participación estudiantil fortalezca la vida académica o termine convirtiéndose en un foco de polarización interna.

El caso importa más allá de lo ocurrido en Valledupar porque refleja una tensión repetida en varias universidades colombianas: cómo garantizar libertad de expresión sin que los planteles se conviertan en escenarios de captura política. En época electoral, los campus son espacios especialmente sensibles, no solo por la presencia de jóvenes votantes que están definiendo sus primeras lealtades públicas, sino porque cualquier choque entre simpatizantes puede escalar rápidamente y afectar la convivencia. La insistencia de las directivas de la UPC en foros académicos apunta a una salida institucional que, en el fondo, intenta proteger la autonomía universitaria. Pero también deja una lección incómoda: cuando la política entra sin reglas claras, el debate se degrada y la universidad termina pagando el costo en credibilidad y tranquilidad.

Para los estudiantes, el episodio es una advertencia sobre el tipo de cultura política que se está construyendo dentro de la institución. Si la discusión se reduce a consignas y bandos, pierde fuerza la posibilidad de formar ciudadanía crítica; si, por el contrario, se organiza con métodos académicos, la universidad puede convertirse en un espacio que eleve el nivel del debate público. En esa frontera se juega mucho más que un incidente aislado: se juega el papel de la educación superior en una democracia que necesita menos gritos y más argumentos.