Dimayor endurece el discurso tras la violencia en El Campín y apunta a las barras bravas
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La violencia en El Campín volvió a encender las alarmas del fútbol colombiano y llevó al presidente de la Dimayor a lanzar una nueva ofensiva contra las barras bravas. Para él, el problema ya no admite paños de agua tibia y exige una decisión de fondo.
Los disturbios registrados en El Campín reabrieron una herida que el fútbol colombiano lleva años sin cerrar: la violencia en las tribunas sigue contaminando el espectáculo y poniendo en riesgo a los asistentes. Tras los enfrentamientos recientes, el presidente de la Dimayor volvió a cargar contra las barras bravas y dejó sobre la mesa lo que considera una salida definitiva para frenar una dinámica que ya no puede seguir tratándose como un incidente aislado.
De acuerdo con lo informado por www.colombia.com/deportes, el dirigente volvió a referirse al problema con un tono más frontal y planteó que la discusión no debería quedarse en sanciones temporales o llamados a la calma. Su postura apunta a una medida estructural, nacida de la frustración por episodios que se repiten con demasiada frecuencia en los estadios del país y que terminan desplazando la atención del juego hacia la violencia. El mensaje, en el fondo, es claro: mientras los grupos violentos sigan marcando agenda, el fútbol colombiano seguirá perdiendo credibilidad, asistencia y seguridad.
Lo ocurrido en Bogotá no es un caso menor ni un hecho sin antecedentes. Hace años que los estadios colombianos conviven con una tensión constante entre la pasión de las hinchadas y la capacidad real de los organizadores para controlarla. El Campín, por su visibilidad y afluencia, suele convertirse en termómetro de esas fallas. Cada episodio de desorden vuelve a poner sobre la mesa preguntas incómodas: quién responde por la seguridad, por qué los mecanismos de control no alcanzan y hasta qué punto las medidas adoptadas han sido más reactivas que preventivas. Para los clubes, la Dimayor y las autoridades, el costo ya no es solo reputacional; también es económico y social, porque la violencia aleja familias, encarece operativos y debilita el fútbol como espacio de encuentro.
La discusión, por tanto, no se limita a un pronunciamiento de coyuntura. Si la Dimayor insiste en una solución de fondo, el debate tendrá que pasar por decisiones que incomodan a varios sectores: mayor control de acceso, identificación de asistentes, sanciones más duras y, en el extremo, la revisión del rol que han tenido las barras organizadas dentro del ecosistema del fútbol. El problema es que cada vez que se promete una respuesta definitiva, el calendario sigue corriendo y la violencia vuelve a aparecer. Y mientras eso ocurra, el espectáculo seguirá manchado por una realidad que ya nadie puede maquillar.
