Air-e: dos años de intervención y una crisis eléctrica que sigue sin salida
Imagen: El Tiempo (Colombia)
Dos años después de la intervención de Air-e, el Caribe sigue viviendo sobre una bomba de tiempo financiera y operativa. La medida evitó un colapso inmediato, pero no resolvió la deuda billonaria ni el riesgo de apagón en una región ya golpeada por tarifas altas y mala calidad del servicio.
La intervención de Air-e, ordenada para evitar un colapso financiero, no ha resuelto el problema de fondo: el Caribe colombiano sigue expuesto a una crisis eléctrica que combina deuda acumulada, fragilidad operativa e incertidumbre institucional. Dos años después de que el Gobierno tomara control de la empresa, la promesa de estabilización sigue incompleta y la región continúa mirando con preocupación un sistema que, lejos de fortalecerse, aún camina sobre una cuerda floja.
Según informó El Tiempo (Colombia), el balance de estos dos años deja más preguntas que certezas. La empresa sigue arrastrando una deuda billonaria y la administración ha pasado por una sucesión de interventores, un relevo que revela la dificultad de encontrar una salida estable. La intervención buscó ganar tiempo y contener el deterioro, pero en la práctica no ha despejado el principal interrogante: cómo garantizar la continuidad y calidad del servicio en un territorio donde los usuarios ya pagan las consecuencias de años de precariedad, tarifas elevadas y desconfianza frente a la empresa.
Este caso importa más allá de los balances contables porque Air-e es hoy un termómetro de la política energética en Colombia. El Caribe no solo reclama una empresa viable; exige un servicio que no castigue más a hogares, pequeños comercios e industrias que dependen de una red confiable para sobrevivir. Si la situación se prolonga, el riesgo no es únicamente financiero: también lo es social y productivo, porque un eventual apagón o una nueva crisis de suministro golpearía de frente a una región que históricamente ha cargado con las fallas del sistema eléctrico nacional. La intervención, en teoría, debía ser una solución transitoria; en la práctica, empieza a parecer un estado permanente de emergencia.
El gran problema es que el tiempo juega en contra. Cada mes de incertidumbre debilita la confianza de los usuarios, complica la recuperación de cartera y limita la capacidad del Estado para mostrar resultados concretos. Si no aparece una ruta clara para sanear la empresa, atraer inversión y ordenar la operación, el Caribe podría terminar atrapado en el mismo círculo vicioso de siempre: menos confianza, peor recaudo, más deterioro y mayor riesgo de apagón. Y en una región donde la electricidad no es un lujo sino una condición básica para la vida diaria, esa posibilidad debería encender todas las alarmas.
