Política

Congreso devuelve el presupuesto 2027 y abre nueva pulseada fiscal en el Gobierno

Hace 14 horas

Las comisiones económicas del Congreso devolvieron el presupuesto para 2027 presentado por el gobierno de Gustavo Petro, luego de aceptar la petición del gobierno de De La Espriella. El ministro de Hacienda advirtió que el proyecto llegaba desfinanciado y con un reparto de recursos desequilibrado.

Las comisiones económicas del Congreso devolvieron el proyecto de presupuesto para 2027 radicado por la administración de Gustavo Petro, en una decisión que cambia de inmediato el pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo. La movida se produjo después de que los congresistas acogieran la solicitud del gobierno de De La Espriella, en un episodio que deja ver, una vez más, que el debate fiscal en Colombia no solo se libra en cifras: también se define en la correlación política de fuerzas.

Según informó El Tiempo - Política, el ministro de Hacienda defendió que la propuesta regresara al Gobierno al considerar que llegaba desfinanciada y con una distribución de recursos que no correspondía a las necesidades del país ni a los compromisos de gasto. Esa objeción no es menor: cuando un presupuesto nace con huecos financieros o con una asignación que el propio equipo económico ve desbalanceada, la discusión deja de ser técnica y se convierte en una pulseada sobre prioridades, gobernabilidad y capacidad real de ejecución. En la práctica, el mensaje del Ministerio es que no había condiciones para tramitar el texto en esas condiciones sin abrir la puerta a una nueva negociación.

El trasfondo de este episodio es relevante porque el presupuesto nacional no es una simple hoja de cálculo: determina cuánto dinero se destina a salud, educación, infraestructura, seguridad y programas sociales, y marca el margen de maniobra del Estado para enfrentar choques económicos. Que las comisiones económicas lo devuelvan revela tensiones sobre el tamaño del gasto, la forma de financiarlo y el reparto territorial y sectorial de los recursos. Además, la decisión deja entrever que el nuevo gobierno de De La Espriella busca marcar distancia desde el arranque y asumir una postura más dura frente a una iniciativa heredada de la administración Petro, algo que puede anticipar un reacomodo en el debate fiscal de los próximos meses.

Para la ciudadanía, este tipo de choque importa más de lo que parece. Cuando un presupuesto se traba, se retrasa o se devuelve, el costo político puede terminar trasladándose a la ejecución de obras, al ritmo de los programas estatales y a la incertidumbre sobre qué sectores recibirán más o menos recursos. Colombia llega así a una discusión decisiva: no solo cuánto puede gastar el Estado, sino con qué legitimidad política y bajo qué prioridades. Y en un año en el que cada peso cuenta, esa diferencia puede sentirse tanto en el Congreso como en la vida cotidiana de millones de personas.

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