Consejo de Estado frena la pérdida de investidura contra Petro por ausencias en el Senado
Imagen: infobae colombia
El Consejo de Estado negó en primera instancia la pérdida de investidura contra Gustavo Petro por las inasistencias que le atribuían cuando era senador. La Sala concluyó que las faltas no alcanzaron el umbral constitucional porque quedaron repartidas entre dos periodos de sesiones.
El Consejo de Estado le cerró, al menos por ahora, la puerta a la llamada “muerte política” de Gustavo Petro en un expediente que buscaba sancionarlo por inasistencias cuando ocupaba una curul en el Senado. La Sala Especial concluyó, en primera instancia, que los faltantes atribuidos al hoy presidente no configuraban la causal constitucional de pérdida de investidura, porque no se concentraron en un solo periodo de sesiones, sino que quedaron distribuidos entre dos etapas distintas del trabajo legislativo.
Según informó infobae colombia, el punto decisivo no fue solamente cuántas sesiones se habrían perdido, sino cómo se computan jurídicamente esas ausencias dentro del régimen disciplinario de los congresistas. En otras palabras, el tribunal no encontró que se cumpliera el umbral exigido por la Constitución para imponer una sanción tan grave como la pérdida del cargo y la inhabilidad política. Esa precisión técnica, que puede parecer menor para el debate público, fue la que terminó inclinando la balanza en favor de Petro en esta primera instancia.
La decisión tiene un peso que va más allá del caso personal del mandatario. En Colombia, la pérdida de investidura es una de las sanciones más severas para un congresista, porque no solo lo expulsa del cargo sino que también marca su trayectoria política. Por eso, cada elemento probatorio y cada interpretación sobre asistencias, periodos legislativos y causales constitucionales terminan siendo determinantes. Este fallo deja ver, además, que los jueces están obligados a leer con rigor las reglas que regulan el funcionamiento del Congreso, incluso cuando el protagonista es una figura de enorme impacto nacional como Petro.
El trasfondo también es político. La discusión sobre las ausencias en el Senado se convirtió en un instrumento de presión contra uno de los dirigentes más polarizantes del país, pero la respuesta judicial sugiere que no basta con acumular señalamientos para lograr una sanción de esa magnitud. Para los ciudadanos, el mensaje es doble: por un lado, la institucionalidad sigue exigiendo pruebas y encuadres jurídicos estrictos; por otro, el caso recuerda que las reglas del Congreso no son un asunto abstracto, sino una pieza central de la confianza pública en quienes legislan y en cómo se controla su comportamiento. La decisión, en todo caso, aún pertenece a una primera instancia y el debate de fondo sobre la responsabilidad política de Petro seguirá teniendo recorrido.
