Briceño denuncia que el Ministerio de Igualdad habría dejado 1.270 contratistas amarrados
Imagen: infobae colombia
La denuncia de Daniel Briceño volvió a poner bajo la lupa al Ministerio de Igualdad: 1.270 contratistas seguirían vinculados pese a que la cartera perdió sustento jurídico el 20 de junio. El caso abre un debate sobre legalidad, gasto público y el desmonte de una entidad que nació rodeada de controversias.
La denuncia del representante a la Cámara Daniel Briceño sacó a la luz una nueva controversia en torno al Ministerio de Igualdad: según su versión, la cartera habría dejado “amarradas” a 1.270 personas mediante una empresa de servicios temporales, pese a que el ministerio dejó de tener sustento jurídico desde el 20 de junio. La acusación no solo apunta a una posible maniobra administrativa para prolongar vínculos laborales, sino también a la forma en que el Gobierno estaría manejando el desmonte de una entidad creada con grandes expectativas políticas y resultados aún discutidos.
De acuerdo con lo planteado por el congresista del Centro Democrático, la discusión gira alrededor de la figura contractual usada para mantener al personal mientras se reorganizan las dependencias oficiales. En la práctica, esa vía permitiría sostener nóminas y funciones operativas en un momento en que, jurídicamente, la cartera ya no tendría base para seguir funcionando como estaba concebida. Briceño sostiene además que esta situación refleja un intento de dejar comprometidos recursos y decisiones administrativas incluso después de que el ministerio perdió su soporte legal, lo que para sus críticos constituye una salida irregular y para el Gobierno podría defenderse como una medida transitoria para evitar un vacío institucional.
El fondo del asunto es más amplio que una disputa entre un congresista opositor y el Ejecutivo. El Ministerio de Igualdad ha sido una de las apuestas políticas más simbólicas del presidente Gustavo Petro, pero también una de las más cuestionadas por su diseño, ejecución y alcance real. Si la denuncia prospera, el caso podría abrir preguntas sobre la legalidad de los contratos, la continuidad de programas y el manejo de una estructura burocrática que, en teoría, debía ajustarse a decisiones judiciales y administrativas ya vigentes. En un país donde cada ministerio concentra miles de millones de pesos y donde la contratación pública suele terminar en escándalos, lo que está en juego no es solo el destino de una entidad: es la credibilidad del Gobierno para desmontar o reconfigurar instituciones sin dejar cabos sueltos.
Más allá del ruido político, el episodio toca una fibra sensible para los ciudadanos: la desconfianza frente a un Estado que muchas veces parece más preocupado por proteger cargos y contratos que por resolver problemas concretos. Si la denuncia de Briceño se confirma o encuentra soporte documental, el debate dejará de ser meramente jurídico para convertirse en uno sobre responsabilidad política, uso eficiente de los recursos públicos y transparencia en el cierre de una cartera que nació para corregir desigualdades, pero terminó convertida en foco permanente de polémica.
