Atentado contra excandidata del Pacto Histórico en Santa Marta reaviva alarmas por violencia política
Imagen: El Tiempo (Colombia)
El Gobierno activó una investigación urgente tras el ataque armado contra la excandidata del Pacto Histórico en Santa Marta. La Policía deberá presentar un primer informe sobre un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los liderazgos políticos locales.
El atentado contra Naylea Barros, excandidata del Pacto Histórico en Santa Marta, encendió las alarmas en una ciudad que vuelve a enfrentar la sombra de la violencia política. La dirigente viajaba con una prima cuando hombres en motocicleta dispararon contra su vehículo; por fortuna, ambas salieron ilesas, pero el episodio dejó al descubierto la fragilidad de las garantías para quienes participan en la vida pública en regiones donde los ataques armados siguen siendo un recurso para intimidar.
Según informó El Tiempo (Colombia), De La Espriella ordenó esclarecer de inmediato lo ocurrido y la Policía deberá entregar un primer informe sobre las circunstancias del ataque. Aunque hasta ahora no se conocen mayores detalles sobre los autores ni sobre el motivo del atentado, la prioridad de las autoridades es establecer si se trató de una acción dirigida contra Barros por su condición de figura política o de un hecho asociado a otra línea de investigación. En ambos casos, el mensaje es el mismo: el nivel de riesgo para liderazgos locales sigue siendo alto.
Este caso no puede leerse como un episodio aislado. En Colombia, la violencia contra candidatos, exaspirantes y dirigentes territoriales ha sido una constante que se recrudece en épocas de mayor polarización o en zonas donde distintas estructuras armadas disputan control social y político. Santa Marta y el departamento del Magdalena no son ajenos a esas tensiones. Cuando una excandidata es atacada a bala en plena movilización urbana, lo que está en juego no es solo su seguridad personal, sino también la confianza de otros ciudadanos en poder hacer política sin convertirse en blanco de amenazas o atentados. Eso golpea directamente la democracia local.
La investigación que arranca ahora tendrá que ir más allá de identificar a los sicarios en motocicleta. También deberá responder por los posibles fallos de prevención, por qué no hubo una protección suficiente y qué lectura hacen las autoridades sobre el aumento de los riesgos para figuras vinculadas al Pacto Histórico y a otras fuerzas políticas. En un país donde la violencia suele normalizarse demasiado rápido, esclarecer este atentado no es un trámite: es una prueba de si el Estado todavía puede garantizar que la competencia política no se resuelva a tiros.
